De los datos a la acción: Gobiernos de América Latina y el Caribe buscan una mejor gobernanza

La región de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra en una encrucijada entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo inclusivo, donde la gobernanza pública aparece como una pieza clave en la transición hacia una economía verde y más equitativa. En un contexto marcado por las desigualdades existentes, restricciones fiscales y una creciente desconfianza ciudadana, surge la pregunta: ¿Cómo se desempeñan nuestras administraciones públicas en estas áreas vitales para nuestro desarrollo económico y social?

Con esta idea en mente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha publicado la cuarta edición del conjunto más completo de indicadores sobre gestión pública y gobernanza a nivel mundial y regional, el Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, una compilación de datos de alto nivel para formuladores de políticas públicas, académicos, organizaciones no gubernamentales y el público en general.

Esta cuarta edición celebra más de 10 años de una colaboración exitosa entre el BID y la OCDE. Desde que ambas instituciones se unieron para lanzar el primer estudio para América Latina y el Caribe en 2014, la serie cuenta con más de medio millón de descargas desde los sitios web de las dos organizaciones. Además, el curso masivo en línea lanzado por el BID basado en esta serie ha contado con más de 70.000 participantes registrados.

El Panorama de las administraciones públicas: América Latina y el Caribe 2024 proporciona indicadores y estadísticas de calidad y comparables sobre la gobernanza y la gestión pública y sus resultados en la región, así como comparaciones con los países de la OCDE para que los gobiernos de la región puedan entender mejor dónde están las brechas y compararse entre sí y con otras naciones desarrolladas.

Los indicadores muestran el desempeño de nuestros gobiernos en áreas fundamentales como las finanzas públicas, la contratación pública, el empleo público y el gobierno digital, y también en áreas emergentes y de vanguardia de la administración pública como los presupuestos con perspectiva de género, la confianza en las instituciones, la satisfacción con los servicios públicos, la gobernanza regulatoria, los presupuestos verdes para hacer frente al cambio climático, entre otros.

160 indicadores para más de 20 países de América Latina y el Caribe

Esta edición incluye 160 indicadores de más de 20 países de América Latina y el Caribe presentados en diferentes tipos de visualizaciones para permitir una fácil comparación entre ellos y diferentes períodos de tiempo. Cada gráfico tiene un enlace a los datos originales en Excel que pueden descargarse libremente.

Al ofrecer a los formuladores de políticas públicas y a los ciudadanos la oportunidad de analizar los resultados e impactos en la gestión pública y comparar el desempeño de los gobiernos, esta publicación desempeña un papel fundamental en el diálogo de políticas para promover una mayor eficacia en el sector público y contribuir al fortalecimiento institucional en la región. 

La mayor parte de los datos del informe se recabaron de funcionarios de gobierno con encuestas específicamente diseñadas, quienes también aportaron evidencias para validar sus respuestas contrastándolas con otras fuentes. También se presentan datos de otras organizaciones, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A continuación, destacamos algunas de las conclusiones de la publicación.

La confianza pública en los gobiernos de ALC sigue siendo baja  

• Aunque la confianza no es en sí misma un resultado necesario de la gobernanza democrática, se requiere un cierto nivel de confianza para que los gobiernos lleven a cabo con éxito las reformas del sector público. En promedio, el 36,3% de la población de los 16 países de América Latina y el Caribe (ALC) con datos disponibles declaró confiar en su gobierno a nivel nacional en 2022, lo que representa 5,4 puntos porcentuales (p.p.) menos que en 2011 y 11 p.p. menos que el promedio de la OCDE (47%). 
• El buen funcionamiento de los servicios públicos mejora la productividad al proporcionar educación y servicios de salud esenciales, así como un sistema judicial sólido, todo lo cual impulsa el crecimiento económico. En promedio, el 66% de la población de ALC estaba satisfecha con el sistema educativo en 2022, similar al promedio de los países de la OCDE (67%) en el mismo año. Asimismo, poco más de la mitad de la población de los países de ALC está satisfecha con el sistema de salud (53%), mientras que, en los países de la OCDE, la mayoría de la población (68%) se declara satisfecha con el sistema de salud en 2022. En cuanto a estar satisfechos con el sistema judicial, sólo el 38% de las personas de la región de ALC declararon tener confianza, lejos del 56% de los países de la OCDE. 

Los gobiernos de ALC están mejorando sus prácticas de gobernanza

• Los países de América Latina y el Caribe están adoptando cada vez más prácticas avanzadas para involucrar a las partes interesadas en la elaboración de sus regulaciones. De los 11 países encuestados en este tópico específico, 8 (o el 73%) mejoraron su puntuación de 2019 en el índice de participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas. Si bien existen mecanismos, estos deberían ser más eficaces para garantizar condiciones equitativas de acceso, representación e inclusión en las decisiones públicas.
• En 15 países de la región existen estrategias de gobierno abierto para aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas, y 14 países también promueven la participación de los jóvenes. Una gran mayoría de los 13 países encuestados en este tópico específico para la región practica la presupuestación con perspectiva de género (o el 77%), cuyo objetivo es abordar las disparidades de género en las políticas y la asignación de recursos, en comparación con el 61% de los países de la OCDE.
• Hay margen para mejorar la transición verde en la región. Cinco países de los 12 encuestados utilizan la presupuestación verde para integrar las consideraciones climáticas y medioambientales en las decisiones sobre impuestos y gasto público, lo que representa un 42% frente al 67% de los países de la OCDE. Además, sólo 4 de los 15 países encuestados alinean sus planes de infraestructuras a largo plazo con planes de acción medioambientales o climáticos, lo que supone un 27% frente al 73% de los países de la OCDE.
• La contratación pública puede utilizarse para promover objetivos sociales, la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental. En 2022, 16 de los 19 países encuestados de ALC (es decir, el 84%) disponían de sistemas centrales de contratación pública electrónica e informaron de que contaban con políticas o estrategias en este ámbito para perseguir objetivos sociales. De los 19 países encuestados, 14 tenían una estrategia del gobierno central para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública (o 74%); sin embargo, sólo 9 tenían una estrategia para la contratación pública verde (o 47%).
• En 2022, el conjunto de los 7 países de ALC encuestados había desarrollado una infraestructura pública digital nacional para prestar servicios digitales, que incluía marcos de interoperabilidad y, en 6 países, redes compartidas, esenciales para la comunicación gubernamental y el intercambio de datos.

Si bien los gobiernos están tomando medidas para mejorar la igualdad de género y la diversidad, aún queda mucho por hacer

• La representación de las mujeres en la gestión pública y la política ha mejorado en ALC. En 2022, el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección pública es ligeramente superior en la región (43%) que en los países de la OCDE (41%). Sin embargo, los avances en el cierre de las brechas de género en la política en la región son lentos.
• La diversidad de edad entre los legisladores también puede contribuir a sistemas democráticos más sólidos, garantizando la representación de todos los grupos demográficos de edad. En 2023, sólo el 27% de los legisladores tenían menos de 40 años en promedio en los países de ALC, a pesar de que el 48% de la población de la región tiene entre 20 y 40 años. Los legisladores más jóvenes aportan las opiniones y perspectivas de una generación que heredará y dará forma al futuro y que podrían equilibrar los intereses intergeneracionales en la transición verde.
• La diversidad de la fuerza laboral también se extiende a la inclusión de otros grupos poco representados, como las personas con discapacidades y los pueblos indígenas. Algunos países de ALC utilizan herramientas para aumentar la diversidad y la participación de los grupos menos representados en sus procesos de contratación en el sector público. Por ejemplo, 10 de los 15 países encuestados permiten que los procesos de contratación se ajusten para adaptarse a condiciones médicas o capacidades diferentes, mientras que 6 países utilizan estrategias de comunicación para atraer específicamente a grupos poco representados. Además de estas políticas, 10 de los 15 países de ALC (67%) fijan objetivos o cuotas para incluir a personas con capacidades diferentes en la fuerza laboral pública, y 4 tienen objetivos para los pueblos indígenas.

Las finanzas públicas están mejorando

• Los ingresos del gobierno general en los países de ALC promediaron el 31,5% del producto interno bruto (PIB) en 2022, en comparación con el 39,7% en los países de la OCDE. Esto representa un aumento entre 2019 y 2022 de 1,1 puntos porcentuales (p.p.), superando los niveles prepandémicos (de 30,4% del PIB en 2019), a medida que la actividad económica se recuperó, y los precios de los productos básicos subieron.
• El gasto público promedio per cápita en la región de ALC aumentó un 17,7% entre 2019 y 2022, de 5 785 USD de paridad de poder adquisitivo (PPA) en 2019 a 6 809 USD de PPA en 2021, por debajo del aumento promedio de la OCDE del 23,5%, de 19 928 USD de PPA a 24 609 USD de PPA.

Conclusión: Necesitamos una mejor gobernanza para alcanzar una transición verde

En general, los datos presentados en esta publicación ponen de manifiesto que la región ha progresado en varios ámbitos, como el establecimiento de mecanismos participativos y normas de integridad pública, así como en la reducción de las desigualdades de género en el sector público. No obstante, los indicadores muestran que la región también necesita mejorar en algunas capacidades clave de gobernanza pública para impulsar la prosperidad sostenible y alcanzar objetivos sostenibles e inclusivos.

Más concretamente, nuestra región necesita mejorar la gobernanza pública para alcanzar una transición verde y responder a los impactos sociales y económicos que conlleva el cambio climático. Esto significa que los gobiernos deben ser más transparentes y responsables de sus decisiones. Tienen que mejorar la elaboración de políticas basadas en evidencias empíricas y ser capaces de supervisar y medir el impacto de estas.

El fortalecimiento de las instituciones, la buena gobernanza y el Estado de derecho están en el corazón del trabajo del BID para promover el desarrollo sostenible y equitativo en los países de América Latina y el Caribe. Este estudio contribuye a promover instituciones públicas más fuertes proporcionando el conjunto más completo de indicadores sobre gobernanza pública en la región. Permite a los gobiernos comprender dónde se encuentran las brechas y cuál es su magnitud.

Como puede apreciarse, el Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024 es una publicación muy completa, así que no espere ni un segundo más para descargar este estudio y sumergir en sus datos y conclusiones. Esperamos que este estudio apoye la transparencia, el diálogo público y la eficacia del sector público. Nosotros, en el BID, estamos comprometidos con estos valores y seguiremos apoyando a los países de la región en todas estas áreas.