ARTICULO: Ficciones contables

Por Félix Santana García
Director General de Contabilidad Gubernamental
felix.felixsantana.santanagar@gmail.com

Se vive en un mundo en el que los aspectos nacionales, internacionales, éticos y morales no pueden separarse del estudio de los negocios en general mucho menos de las finanzas públicas y privadas.

Las quiebras y los escándalos de las empresas públicas y privadas de años recientes, así como los intentos por impedir o arreglar esos problemas por medio de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, en los Estados Unidos de Norteamérica, han renovado la necesidad del estudio y la aplicación de la ética en las operaciones de las instituciones estatales y privadas.

Por finanzas se entiende como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Casi todos los individuos y organizaciones ganan o recaudan dinero y lo gastan o lo invierten. Las finanzas se ocupan del proceso, de las instituciones, de los mercados y de los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobiernos.

Las finanzas administrativas se ocupan de las tareas del administrador financiero en la empresa de negocios. Los administradores financieros administran activamente los asuntos financieros de cualquier tipo de empresa, financiera o no, privada o pública, grande o pequeña, lucrativa o sin fines de lucro.

En años recientes, los cambios constantes en los ambientes económicos, competitivo y regulador han aumentado la importancia y la complejidad de las tareas del administrador financiero.

Estos cambios han aumentado la necesidad de administradores financieros capaces de administrar los flujos de efectivo en diferentes divisas y proteger a la empresa de los riesgos que surgen de manera natural en las transacciones internacionales.

No es secreto que estos cambios vuelven más compleja la función de las finanzas administrativas, conducen a una carrera más gratificante y satisfactoria.

Las finanzas públicas comprenden el conjunto de reglas y normas que determinan la forma de construir, administrar e invertir el patrimonio público.

La ciencia fiscal se encarga, en el aspecto de constitución del patrimonio público, de enseñar las formas de adquirirlo analizando detalladamente las diferentes fuentes de ingreso, así sea que procedan de la comunidad en general, de los recursos del crédito o del patrimonio particular.

El énfasis principal de la contabilidad está en los métodos de acumulación o devengado, mientras el énfasis principal de la administración financiera está en los métodos de flujo de efectivo.

Ambas disciplinas (actividades de finanzas y actividades de contabilidad) envuelven mucha responsabilidad y transparencia en la gestión profesional pues ellas deben resguardar las instituciones de los riesgos internos y externos.

Estos profesionales de las finanzas y la contabilidad deben evitar por todos los medios caer en aberraciones profesionales a cambio de lucrarse de forma inmoral o antiético al entrar en componenda con los encargados en fiscalizar sus acciones en sus respectivos campos profesionales a los fines de practicar la conocida contabilidad creativa o ficciones contables.

Es común conocer en estos tiempos de actos de corrupción que han llevado a financistas y contadores a los extremos de modificar la realidad en la contabilidad y las finanzas haciendo que firmas de auditores u organismos supervisores y fiscalizadores de los estados financieros de una entidad pública o privada presenten una situación financiera que no se compadece con la realidad, con el solo hecho de atraer nuevos inversores y proveedores bajo el engaño de la información financiera amañada.

La anterior situación dio lugar a que a principios del año 2000, diversos organismos reguladores descubrieron y revelaron numerosos delitos corporativos.

Estos delitos se originaron por dos tipos principales de problemas: 1) revelaciones falsas de informes financieros y otros comunicados informativos y 2) conflictos de intereses encubiertos entre las corporaciones y sus analistas, auditores y abogados, así como entre directores, funcionarios y accionistas corporativos.

En respuesta a estas revelaciones fraudulentas y conflictos de intereses el Congreso de Estados Unidos aprobó, en julio de 2002, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (denominada comúnmente SOX).

El objetivo de la señalada Ley es eliminar los diversos problemas de revelación de información y conflictos de intereses que habían surgido.

Esta Ley estableció: una oficina de vigilancia para supervisar la industria contable; aumento las regulaciones y los controles de auditoria; endureció las sanciones contra directivos que cometieran fraude corporativo;

Así mismo, fortaleció los requisitos de revelación de información contable y las normas éticas para funcionarios corporativos; estableció normas para los conflictos de intereses de analistas.

Y por lado ordenó que los directivos corporativos publicaran en forma inmediata la venta de acciones y aumentó la autoridad y los presupuestos de auditores e investigadores para la regulación de valores.

Estas y otras acciones con miras a controlar la corrupción administrativa y financiera han planteado la cuestión de la ética, es decir, normas de conducta o juicio moral.

La meta de estas normas éticas es motivar a los participantes funcionarios apegarse tanto a la letra como al espíritu de las leyes y regulaciones relacionadas con la práctica profesional.

Sin lugar a dudas las empresas realmente fortalecen sus posiciones competitivas al mantener altos estándares éticos igual efecto cuando el país muestra seguridad legal o estado de derecho transparente que real y efectivamente funcione.

Con frecuencia, se pide a los empleados que firmen un acuerdo de confidencialidad formal en que se comprometen a apoyar las políticas éticas de la empresa.

En ese sentido la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la nación dominicana hizo lo propio recientemente al hacer que sus empleados firmaran un acuerdo de confidencialidad.

Ante tantos desmanes y acciones reñidas con la ética y la moral que frecuentemente suceden, es necesario que se tomen medidas como las que señala la Ley SOX a los fines de que haya mayor supervisión y regulación en el manejo de las finanzas y en la presentación de la información financiera, contable.

Así también se continúe en el país con la persecución de las acciones corruptas que fueron normas en la pasada administración gubernamental con el propósito de sentar un verdadero precedente de ética y moral llevando al banquillo de los acusados a los causantes de tantos daños a las finanzas públicas y por supuesto que se les confisquen los bienes sustraídos al Estado, evitando que dichos malos actos queden impune o se negocien los mismos.

Debe terminarse de una vez por toda la práctica fraudulenta en el manejo de los recursos del Estado dominicano.

Hoy la administración Abinader está decida en ponerle coto a estas acciones negativas y criminales que fueron el pan de cada día en las administraciones gubernamentales recién pasadas.