4 enseñanzas de España para la transformación digital de la justicia en América Latina y el Caribe

Desde la pandemia, el servicio de justicia en América Latina y el Caribe ha estado en el ojo de la tormenta, principalmente por ofrecer servicios lentos e insuficientes para causas urgentes, que afectaron significativamente a los grupos más vulnerables. Según el World Justice Project, América Latina y el Caribe es la segunda región donde la justicia civil sufre retrasos injustificados y sus sistemas penales son los menos eficaces del mundo.

La transformación digital de la justicia permite enfrentar estos problemas, garantizando el debido acceso a los servicios y mejorando la posibilidad de atender a quienes requieren de la protección judicial de sus derechos. Uno de los ejemplos exitosos de transformación digital de la justicia es el de España. Este país es reconocido por haber implementado sucesivas estrategias de transformación digital de la justicia, junto a la adopción de un marco jurídico para acompañar este proceso, la definición de un modelo de gobernanza institucional, la implementación tecnológica y la gestión del cambio.

Para reforzar el intercambio de experiencias, el Ministerio de Justicia de España y el BID están trabajando para facilitar el acceso de las mejores prácticas a la región. Este interés compartido se materializó en 2021 con la firma de un Memorándum de Entendimiento que define el apoyo de ambas instituciones para mejorar los servicios de justicia en América Latina y el Caribe.

Desde ese momento, países como Brasil, Colombia, Perú y Panamá, entre otros, han reconocido las ventajas de la justicia digital y, con apoyo del BID, están implementando reformas en esta dirección.

Como hito destacado, en octubre de 2022 se celebró la primera edición de las Jornadas de intercambio de experiencias en Madrid, España:” Hacia una justicia digital inclusiva y sostenible”. En el encuentro participaron autoridades de alto nivel del poder judicial, de los ministerios sectoriales y funcionarios a cargo de las áreas tecnológicas de Jamaica, Brasil y Bolivia.  

Durante una semana, las y los representantes regionales compartieron con sus pares de España talleres prácticos y visitas a las principales instituciones que lideran la transformación digital de la justicia en España, para conocer de primera mano cómo se está implementando el sistema de justicia digital. La comitiva tuvo intercambios con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Ciudad de la Justicia en Albacete, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía de España. ¿Qué podemos resaltar de esos intercambios?

1. La transformación digital reduce costos de transacción y disminuye el impacto ambiental

Con más de 35 servicios de interoperabilidad, el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España concentra información que garantiza la seguridad de los datos de más de 100 organismos públicos y privados. Según los datos de esta institución, más de 12 millones de accesos fueron realizados en el último año, lo que ha generado ahorros en tiempo de tramitación de los expedientes y en recursos humanos. Por ejemplo, una solicitud de información en papel dirigida desde un órgano judicial a cualquier otro organismo necesita una media de 10 minutos para ser elaborada, mientras que las peticiones electrónicas realizadas se generan en un tiempo medio de 10 segundos. Otro ejemplo de eficiencia en la prestación de servicios de justicia se observa en el proceso de embargos judiciales. Gracias al mismo sistema, la autoridad judicial competente puede solicitar un embargo en un plazo de 48 horas sobre cuentas corrientes. La evidencia de su efectividad se refleja en la realización de más de 1,6 millones de embargos tan solo en el año 2022. Este logro ha contribuido significativamente a la protección de los derechos vulnerados de las personas.

Por su parte, las comunicaciones electrónicas para el intercambio de información entre órganos judiciales, fiscalías y operadores jurídicos evitan desplazamientos innecesarios, al mismo tiempo que disminuyen notablemente el uso de papel. Según el Ministerio de Justicia, desde el 2010 se han realizado más de 800 millones de comunicaciones electrónicas, lo que ha supuesto una gran reducción de costes económicos y en el tiempo de desplazamiento de los profesionales y la ciudadanía, así como la reducción del impacto ambiental.

2. La transformación digital de la justicia no se limita al sector público; requiere de una gobernanza efectiva entre todos los actores que interactúan con el poder judicial

La estrategia de transformación digital en España ha tenido como piedra angular el liderazgo del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). Se trata de un órgano que goza de absoluta independencia orgánica y funcional, y asegura la coordinación entre Administraciones, en el que participan el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia. Su función es garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad de los sistemas empleados en la Administración de Justicia, así como la cooperación entre las distintas Administraciones en materia de administración electrónica. Un ejemplo de sus responsabilidades es establecer las bases para el desarrollo del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.

La participación de todos los involucrados en el sistema de justicia ha sido crucial para asegurar que el servicio público de justicia en España sea efectivo. Uno de los logros más importantes, en colaboración con el sector privado, ha sido la coordinación entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía de España. Debido al marco legal que obliga a este colectivo a utilizar medios digitales en sus relaciones con la administración de justicia, se pusieron en marcha las medidas necesarias para garantizar el éxito de transformación digital del sector en todo el país.

3. La transformación digital de la justicia es más que la tecnología

La transformación digital de la justicia en España no habría sido posible sin apostar por la capacitación de los y las profesionales de la justicia, así como la gestión del cambio organizacional. Las capacitaciones se brindan presencialmente a través de personas formadoras expertas en las sedes y de forma virtual, por medio de una plataforma online que recoge en un único punto de acceso todas las herramientas de capacitación. Las cifras hablan por sí solas, según los datos del Ministerio de Justicia, desde 2016 se ha brindado al personal del servicio de justicia español más de 290 mil horas anuales de formación online y presencial, lo que ha resultado fundamental para brindar un servicio público de justicia accesible para toda la ciudadanía.  

La formación de personas usuarias ha sido otro programa exitoso ya que permite a la ciudadanía interactuar directamente con la administración de justicia española.

La rápida transformación digital debe evitar la exclusión de quienes carecen de habilidades digitales para acceder al servicio de justicia. Por tanto, es crucial establecer medidas de intermediación efectivas que cierren esta brecha digital. En España, alrededor del 30% de la población se encuentra en esta situación. Es por ello que la iniciativa de la Oficina de Justicia en los municipios busca que la ciudadanía acceda a puntos de atención presenciales que les conecten con los servicios disponibles.

4. Impulsando la Transparencia y Confianza Ciudadana en la Justicia

Además de los desafíos de la seguridad informática y la protección de datos personales, la transparencia e integridad en los procesos administrativos y judiciales es esencial para la gobernanza democrática. Por ejemplo, en España, el visor de expedientes judiciales electrónicos permite consultar la información de los procedimientos judiciales de manera rápida y simple, y a su vez proporciona una mayor transparencia y trazabilidad de los organismos judiciales y fiscalías, así como una prestación efectiva de los servicios de justicia para las personas usuarias.

La retransmisión en directo de visitas judiciales públicas también ha sido otro avance en términos de transparencia, ya que cualquier persona interesada puede asistir al desarrollo de una vista de interés mediático desde cualquier lugar. Estas iniciativas contribuyen significativamente a mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y fomentan una mayor participación ciudadana como ente fiscalizador de los procesos judiciales.

¿Cuáles son los siguientes pasos para impulsar la transformación digital de la justicia en la región?

Gracias a las lecciones aprendidas durante la primera edición de las jornadas, los miembros de las delegaciones adquirieron conocimientos prácticos de primera mano al compartir experiencias directamente con sus pares, lo que les permitió establecer una hoja de ruta en sus respectivos países y generar las condiciones necesarias para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el ámbito de la justicia.

Tras el exitoso resultado de la primera edición, el Ministerio de Justicia y el BID están organizando una segunda jornada, que se llevará a cabo durante la semana del 18 de junio de 2023. En esta ocasión, se unirán a la iniciativa autoridades judiciales de Panamá, Colombia, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, y Uruguay, ampliando así la participación regional en el evento.

Si continuamos trabajando en colaboración y compartiendo nuestras experiencias, lograremos fortalecer una comunidad de práctica entre los principales actores que lideran la transformación digital de la justicia. Mediante el análisis y el estudio de buenas prácticas tenemos la oportunidad concreta de mejorar la prestación de los servicios de justicia en América Latina y el Caribe, centrados en la ciudadanía, promoviendo un acceso seguro, sostenible, eficiente y transparente.

Únete el próximo 20 de junio a la 1:00 p. m. (ET) a la transmisión en vivo de las Jornadas regionales de intercambio de experiencias: Hacia una justicia digital inclusiva y sostenible, Edición 2, donde las máximas autoridades judiciales de España, Chile, Colombia, Perú, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay y representantes del BID, intercambiarán datos, metodologías y conocimientos para maximizar la transformación digital de la justicia en la región.

Conéctate a transmisión del evento en vivo aquí

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