Experto presenta sugerencia alianza gestores inmobiliarios.

Profesionales de la construcción, que involucra a ingenieros, arquitectos, topógrafos, agrimensores, promotores y agentes de ventas de bienes raíces, se han integrado en una agrupación denominada Gestores Inmobiliarios Asociados (GIA), con el propósito de enfrentar la problemática de la tenencia legitima e ilegítima de las tierras a nivel nacional.

En su carta de presentación, Gestores Inmobiliarios Asociados (GIA) dice que se propone llevar ante los oficiales electos a todos los  niveles, un programa mediante el cual se contribuiría a solucionar no solo la tenencia de la propiedad inmobiliaria, sino a elevar los niveles de recaudación del Estado.

GIA dice que ha elaborado un programa que aumentaría las recaudaciones fiscales y arbitrios, y de paso contribuiría a la solución de la que llama “gran problema” nacionales de la tenencia de la tierra, tanto de los ocupantes, como de propietarios legítimos de las tierras ocupadas.

Refiere que, en los últimos 50 años, ninguna de las administraciones que se han sucedido al frente del Estado ha podido enfrentar con éxito la situación que coloca la ocupación ilegal de tierras en más de un 50%, lo que ha ido en perjuicio de propietarios y ocupantes.

Gestores Inmobiliarios Asociados (GIA) considera que la  problemática se ha convertido en una epidemia económica que afecta el desarrollo económico del país, debido al alto número de capitales muertos, “enterrados en una gran fosa de irresponsabilidad político – social”, que, estima, con un poco de voluntad y a través de un plan  público-privado podría ser superado.

GIA da a conocer un plan en el que intervendrían tres pilares importantes, que citamos a continuación:

1. GESTORES INMOBILIARIOS ASOCIADOS (GIA), sectores empresariales inmobiliarios, que agrupa a aquellos profesionales de la construcción, tales como promotores, ingenieros, arquitectos, topógrafos, agrimensores, abogados, administradores de empresas, agentes y profesionales de ventas de bienes raíces.
2. LA FUNDACION pro defensa del derecho de propiedad, en la cual están agrupado los propietarios legítimos con sus títulos de propiedad de tierras ocupadas en todo el territorio nacional, que según los estudios realizados pasan del 70% de las tierras ocupadas a nivel nacional. Principalmente en el Gran Santo Domingo y las provincias de mayor población y donde tenemos ciudades con una gran riqueza inmobiliaria, propiedad de las Alcaldías y otros propietarios, casi todas subutilizadas y con grandes fortunas suspendidas  en el tiempo que no contribuyen al desarrollo del país.
3. UNA ENTIDAD que agrupa a profesionales de la ingeniería en materia de titulación, los cuales se ocupan de las operaciones de servicios para gestión y administración de los procesos según Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.

Con estos tres pilares nos apoyaremos en la Ley 189-11, sobre desarrollo de mercado hipotecario y el fideicomiso, y se creara una gran empresa que bajo esta ley y un contrato de fideicomiso le asegure al propietario de la tierra como a los inversionistas privados, el buen uso de los recursos y donde los mayores beneficiarios serian:

1. Los ocupantes de tierras privadas, donde tienen la inversión de toda su vida en un capital muerto, porque no pueden usarlo como garantía bancaria o tener acceso a fondos de bajo precio, ni pueden levantar mejoras, o ser utilizado para referencia de consulados para visas, otras como referencias comerciales y lo peor es que ni siquiera podrá hacer una repartición hereditaria equitativa a sus herederos.
2. Los propietarios, los cuales en una gran mayoría son herederos de grandes fortunas sin ningún disfrute de sus legítimos bienes. Paralizados indefinidamente en la que muchos reclamando han encontrado la muerte.
3. El gobierno central y los gobiernos municipales, con una sociedad titularizada se construye el puente más directo de pasar de la informalidad a la formalidad.
4. Las oficinas recaudadoras aumentaran el universo de contribuyentes.
5. Bancarización de la población con menos oportunidades con acceso a la banca formal y al Mercado de valores.
6. Soporte a las oficinas de servicios tales como: Los bancos, compañía de seguros, compañías de eléctricas, teléfonos, tele-cable y otros negocios que requieren de una propiedad con títulos para los negocios formales, hasta poder alquilar establecimiento entre otros
7. Hasta el problema de la seguridad ciudadana se alivia enormemente, esta demostrado que en aquellos barrios debidamente titulados, el índice de delincuencia es menor. Esto ha sido demostrado en aquellas grandes ciudades como Lima, Singapur, entre otras donde se han hecho grandes planes de titulación.

En resumen este grupo tiene en carpeta un plan de negocio elaborado para ser presentado a los futuros gestores de la cosa pública, tanto del gobierno central, como de las alcaldías de manera de buscar fuentes de recaudación de fondos y de empleos, y de un desarrollo sostenido, que no solo este sustentados en el pago de más impuestos, donde el más perjudicado es la clase media y la población en general.

Dentro de la plataforma de esta propuesta está planteado un plan piloto de desarrollo de titulación privada, en una alianza del sector bancario e inmobiliario, y si se quiere ampliar hacia al sector público, podría convertirse en una gran alianza pública – privada, que conlleve, además de la titulación, la transformación de los barrios más empobrecidos y así se lograría una verdadera bancarización sin que el Estado aporte un centavo, por el contrario, aumentaría sus recaudaciones y podría dársele un adecuado uso a los fondos especiales excedentes del mercado de valores, así como aquellos procedentes de los organismos internacionales y los programas realizados con los fondos de los bancos, a través del encaje legal, ya puesto en ejecución y que fueron factores de mucha incidencia en el crecimiento económico del pasado año en el sector inmobiliario.

Finalmente, GIA estima que los candidatos presidenciales, así como aquellos aspirantes a cargos congresuales y los munícipes ya electos, deberían de poner énfasis en la realización de un real plan de Titulación con carácter privado, así como de respaldo de políticas públicas de respeto a la inversión privada.