Inversiones en servicios será clave para la recuperación en América Latina y el Caribe
La infraestructura será crucial para impulsar la recuperación post-pandemia en América Latina y el Caribe, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual revela cómo la inversión en infraestructura inteligente beneficia en particular a los hogares más pobres.
El documento traza el rumbo de una masiva transformación de la infraestructura en la región, mediante avances en eficiencia, uso de las tecnologías digitales y un cambio de enfoque hacia la calidad y la asequibilidad de los servicios al consumidor en lugar de las estructuras.
El BID indica que aumentos relativamente menores en la eficiencia de los servicios, mediante un incremento de la digitalización y otras acciones, pueden impulsar el crecimiento en 5.7 puntos porcentuales durante un período de 10 años, lo que representa alrededor de US$325,000 millones en ingresos adicionales durante ese decenio para la región.
“Las mejoras en la infraestructura reducirán las desigualdades y ayudarán a las poblaciones vulnerables que se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19. En la medida en que se produce un aumento en la eficiencia en los servicios y una caída en los precios, los ingresos de los sectores más pobres se elevarían un 28 % más en promedio que los de los más acomodados en esos 10 años” sostiene el informe.
Eric Parrado, economista Jefe del BID, afirmó que los presupuestos serán restringidos, por lo que se debe invertir de manera inteligente y sostenible, en áreas en las que las políticas gubernamentales pueden promover innovaciones y aportar una visión de la infraestructura que esté orientada a los servicios.
De estructuras a servicios
La región adolece de profundas brechas en infraestructura frente a las economías más desarrolladas. Por caso, América Latina y el Caribe han invertido un 2.8 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en infraestructura durante la última década, la mitad que los países emergentes de Asia.
“Durante demasiado tiempo nos hemos enfocado en los ladrillos, cañerías y otros activos tangibles”, dijo Agustín Aguerre, gerente del Departamento de Infraestructura del BID.
La región tiene un buen desempeño en términos de medidas básicas de acceso pero no en términos de calidad de los servicios. El 97 % de los hogares urbanos de América Latina tiene acceso al agua, pero menos del 40 % de las aguas servidas de las ciudades es tratada.
Además de la baja calidad de los servicios, los hogares y empresas deben pagar tarifas muy altas. El 50 % de los hogares más pobres gastan el 14 % de sus ingresos en agua, energía y transporte público, lo que representa un 30 % más que en otras regiones en desarrollo, según el BID.
Los consumidores gastan más en agua, electricidad y otros servicios en América Latina y el Caribe, a pesar de que los gobiernos destinan cerca del 1 % del PIB anual para subsidiar las operaciones de los proveedores de servicios.
Según el informe, que analiza los potenciales impactos de la tecnología de vehículos autónomos, conectados, eléctricos y compartidos, el PIB regional sería un 1.2 % más elevado, en un plazo de 10 años, si el 30 % de los autos y flotas de autobuses fueran eléctricos.
Otra área en la que hay espacio para mejoras es la ejecución de proyectos. El incumplimiento de las metas presupuestarias y las demoras consumen el 35 % de las inversiones públicas totales o el equivalente al 0.65 por ciento del PIB regional.
Los drones y la tecnología satelital, entre otros, pueden contribuir a generar mejoras en las etapas de planificación e ingeniería de los proyectos de construcción. Las tecnologías emergentes podrían también ayudar a reducir los costos entre un 10 y un 50 %, estima el informe.
Los ministerios y organismos que regulan la energía, el transporte y el agua deberán actualizar sus marcos regulatorios para aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización y para asegurarse de que una mayor competencia se traduzca en beneficios tangibles para los consumidores.
“Dado que América Latina y el Caribe está acelerando la transición desde las estructuras hacia los servicios –sostiene el informe–, los reguladores deben actuar con presteza para no perder el tren y para mantener el avance del proceso hacia una mejor infraestructura en la región”.
