ARTICULO: Políticas públicas dirigidas a la atención de las mujeres y las personas con discapacidad.

Edgar Lara, Ejecutivo Principal de la Gerencia de Género, Inclusión y Diversidad de CAF

CAF, como banco de desarrollo, está comprometido con la igualdad de género, la inclusión de las personas con discapacidad y la diversidad étnica. En consecuencia, busca proveer asistencia técnica, generar conocimiento y ofrecer financiamiento para el desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas con discapacidad y las mujeres. El enfoque en estos grupos busca contribuir directamente a superar las desigualdades históricas que enfrentan y que aún persisten.

Para comprender las desigualdades, la CEPAL propone un marco conceptual denominado Matriz de la Desigualdad Social. Este plantea que la desigualdad se expresa en diversos ámbitos del desarrollo social -como los ingresos y el trabajo, la protección social, la educación, la salud, la vivienda y los servicios básicos- y que su persistencia está condicionada por mecanismos de discriminación vinculados a factores como la etnia, raza, edad, género, discapacidad, estrato socioeconómico y territorio. Estos factores actúan como ejes estructurantes de la desigualdad, que se intersectan y se refuerzan entre sí.

Por lo tanto, la etnia, raza, discapacidad, el sexo y el género determinan el tipo de acceso a los recursos, las relaciones sociales y el ejercicio de los derechos; el Reporte de Economía y Desarrollo 2022 de CAF, señala que el género y etnia operan como factores estructurales en la transmisión intergeneracional de desigualdades, afectando oportunidades desde el nacimiento.

El análisis del cruce entre los ejes estructurantes y los ámbitos de la Matriz revela que la pobreza constituye una de las formas más persistentes de desigualdad, afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad. Como se observa en el Gráfico 1, en América Latina, la pobreza monetaria continúa siendo mayor entre los pueblos indígenas, afrodescendientes y las mujeres. Asimismo, en países como México y Chile, la pobreza multidimensional afecta más a las personas con discapacidad y a los hogares donde estas residen.

Gráfico 1. Población en situación de pobreza monetaria según etnia y sexo, y población u hogares en situación de pobreza multidimensional según condición de discapacidad, circa 2024 (Porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025; para México, estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022 del INEGI; y para Chile, Observatorio Social del MDSF, con base en Casen 2022. 

*No incluye Brasil

En otros ámbitos, y conforme a cifras de la CEPAL, en México la proporción de personas en hogares indígenas sin acceso a agua supera en 9,1 puntos porcentuales a la de los hogares no indígenas, mientras que en acceso a servicios de saneamiento la diferencia asciende a 13,7 puntos; en Bolivia, estas brechas alcanzan los 18,3 y 27,1 puntos porcentuales, respectivamente. Las mujeres asumen una carga significativamente mayor de trabajo no remunerado: en Guatemala, ellas dedican en promedio 44,4 horas semanales a estas tareas, frente a 15,9 horas por parte de los hombres. Además, enfrentan brechas salariales incluso con el mismo nivel educativo. El ingreso medio de las mujeres con 13 años o más de escolaridad equivale al 78,3% del ingreso de los hombres con la misma formación; entre quienes tienen de 6 a 9 años de estudio, el ingreso de las mujeres representa solo el 66,7%. 

En cuanto a la población afrodescendiente, un estudio revela que este segmento poblacional presenta desigualdades en el ámbito de la salud: la incidencia de la mortalidad infantil y materna,  maternidad adolescente y diarrea en menores de 5 años, así como el riesgo de VIH y tuberculosis es mayor entre los afrodescendientes de la región con algunos matices entre los países. Otro estudio expone que las personas con discapacidad se enfrentan a barreras en el acceso a los sistemas de protección social relacionadas con diseños excluyentes, a la falta de reconocimiento de necesidades específicas y a la accesibilidad física, tecnológica y administrativa; además, es una población con marcadas brechas educativas con respecto a las personas sin discapacidad, menores niveles de empleo y con mayor proporción de empleo por cuenta propia.

Este carácter estructural e interseccional de la desigualdad implica que las respuestas no pueden ser homogéneas ni neutras, sino territorialmente y socialmente contextualizadas. Atender las desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las mujeres requiere del diseño e implementación de políticas públicas que integren y responden a las realidades, intereses, necesidades y prioridades de cada uno de estos segmentos poblacionales; en otras palabras, el desarrollo de políticas públicas situadas.

Entiéndase como políticas públicas situadas, retomando la noción de conocimientos situados de la filósofa Donna Haraway, aquellas políticas que se diseñan e implementan a partir de las experiencias, saberes, relaciones y contextos locales o específicos de las personas. Estas políticas integran los intereses y la representatividad de los grupos que enfrentan desigualdades, mediante procesos inclusivos y de construcción conjunta y colaborativa. 

Una política situada se construye a partir de la contextualización de un territorio específico y/o desde la incorporación de la objetividad situada, perspectivas, parcialidades y voces de la población o del grupo meta de la intervención. Reconoce las relaciones de poder y las condiciones socioeconómicas y culturales que subyacen, integrando los saberes locales, así como los intereses estratégicos y las necesidades prácticas de dicho grupo. 

En ese sentido, es posible identificar en la región diversas iniciativas dirigidas a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad y a las mujeres que podrían enmarcarse en la noción de políticas públicas situadas, en tanto procuran atender los intereses estratégicos y las necesidades prácticas de estos grupos desde el contexto o cobertura territorial:

Casas de la Igualdad Racial, esta es una iniciativa del Gobierno Federal de Brasil, que a partir de su diseño tiene como objetivo reducir las desigualdades raciales, fortalecer las relaciones sociales y culturales de la población afrodescendiente y otros grupos históricamente víctimas de discriminación racial o étnica, fomentar iniciativas dirigidas a la preservación del patrimonio, a la memoria y valorización de la cultura afrobrasileña. 

Las Casas se configuran como centros con infraestructura para la prestación de servicios o atención de la población objetivo en áreas como apoyo a las víctimas de delitos raciales y otras violaciones de derechos motivadas por la discriminación racial y étnica, inclusión productiva, cultura y educación a través de referencias afrobrasileñas, y espacios para la interacción comunitaria que fortalezcan los vínculos sociales en la comunidad local. La operación de las casas se define a nivel territorial priorizando aquellos territorios con altos índices de desigualdad racial.

Programa Arraigo Comunitario para Comunidades Indígenas, estrategia de intervención promovida por CAF a través de la cual se busca reducir las brechas de desigualdad étnica que afectan a los pueblos indígenas en sus territorios mediante un desarrollo con identidad, sustentado en el diálogo intercultural y el respeto por los saberes tradicionales. Su metodología se estructura en fases participativas que incluyen un diagnóstico preliminar situado, la socialización y co‑diseño de propuestas con las comunidades, la ejecución colaborativa con mecanismos permanentes de comunicación y, finalmente, procesos de evaluación conjunta y devolución de resultados. 

Por otra parte, propone acciones integrales orientadas al fortalecimiento institucional con identidad, el desarrollo de infraestructura comunitaria pertinente, la promoción de la salud y educación intercultural y el impulso de la seguridad y soberanía alimentaria, todo ello articulado con la participación plena de mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales, garantizando sostenibilidad, equidad y arraigo territorial a largo plazo.

Sistema de atención a personas con discapacidad. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, implementa un sistema de apoyo y atención integral para personas con discapacidad, que busca responder no solo a las necesidades individuales de estas personas, sino también a los contextos territoriales donde habitan. Las modalidades o servicios del sistema buscan garantizar la vida independiente mediante acompañamiento técnico, fortalecimiento de habilidades y protección integral, promoviendo la corresponsabilidad comunitaria y familiar. 

El sistema está integrado por los siguientes servicios: los Centros Diurnos de Desarrollo Integral, orientados al fortalecimiento de habilidades y destrezas de las personas con discapacidad; los Centros de Referencia y Acogida Inclusivos (CRAI), que brindan atención a personas con discapacidad en condiciones de abandono o carentes de referente familiar; Atención en el Hogar y la Comunidad, que facilita intervenciones directas a personas con discapacidad ubicadas en el área rural y urbana-periférico; y el Bono Joaquín Gallegos Lara, una transferencia monetaria dirigida a personas en condición socioeconómica crítica, incluidas las personas con discapacidad grave y severa.

Centros de Desarrollo Integral para la Mujer, es una iniciativa gestionada por el Gabinete de Política Social del Estado dominicano, y constituyen espacios seguros para las mujeres, a través de los cuales se espera contribuir a que estas sean económicamente autónomas, vivan en un entorno libre de violencia y cuiden de su salud sexual y reproductiva. Los Centros, ofrecen servicios de atención estratégicamente seleccionados mediante un equipo humano interdisciplinario y bajo un modelo de gestión integral centrado en las mujeres, especialmente mujeres en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia contra la mujer y madres adolescentes; la atención y prestación de los servicios a las mujeres se realiza a través de ocho unidades: atención a la usuaria, gestión integrada, gestión emocional, mujer adolescente, salud sexual y reproductiva, violencia de género, autonomía económica y programa comunitario; adicionalmente, se ofrecen servicios complementarios de atención infantil y el acceso a documentos de identidad. 

A manera conclusión, la complejidad de las desigualdades que enfrentan pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las mujeres demanda políticas situadas que integren sus voces y realidades. Fortalecer la implementación de las iniciativas antes expuestas exige profundizar en la ejecución territorial y en el seguimiento o monitoreo continuo de sus resultados; asimismo, evaluar sistemáticamente el desempeño de las iniciativas permitirá identificar avances, corregir errores y asegurar que las acciones realmente transformen las condiciones de vida de estos grupos.