¿Por qué es tan caro contratar formalmente en América Latina y cómo repensar el sistema?
- En América Latina, los empleadores pagan en promedio un 50% adicional al salario en costos laborales no salariales, impulsados por contribuciones a la seguridad social y regulaciones laborales.
- Los altos costos del empleo formal, combinados con baja productividad, son un factor clave de la informalidad y dejan a muchos trabajadores sin acceso a protecciones básicas.
- Repensar cómo se financia la protección social, más allá de las contribuciones sobre la nómina, podría ayudar a ampliar la cobertura y construir mercados laborales más inclusivos.
Imagina esta escena: una pequeña empresa quiere crecer. Para hacerlo, necesita contratar a una persona más. El salario parece manejable. Pero cuando se suman contribuciones a la seguridad social, los beneficios obligatorios y otros cargos, la cifra total la hace titubear. De repente, contratar formalmente cuesta mucho más de lo que parecía.
Esta no es solo anécdota aislada. Un informe reciente del BID, Salaried Labor Costs in Latin America and the Caribbean: A Ten-Year Update, estima que los empleadores en América Latina pagan, en promedio, un 50% adicional al salario en costos no salariales, como seguridad social o mecanismos de protección del empleo. Este porcentaje crece al 70% en países como Argentina, Brasil y Perú, y baja a algo menos del 40% en Trinidad y Tobago, Jamaica y Chile.
Los nuevos datos y análisis de este estudio plantean una pregunta clave: ¿por qué el empleo formal resulta tan costoso? La respuesta, en gran medida, se encuentra en el diseño de las leyes laborales y los sistemas de protección social.
Más allá del salario: cómo se construyen los costos laborales
En economía se habla de “costos laborales no salariales”. Pero estos costos no son simplemente variables del mercado, son en gran medida, obligaciones legales. Entre ellas se encuentran las contribuciones a los sistemas de pensiones, el financiamiento de seguros de salud, las licencias remuneradas y lasindemnizaciones por despido, entre otras.
Estas reglas buscan proteger a los trabajadores y equilibrar la relación con los empleadores. Durante el siglo XX, América Latina las incorporó en sus marcos legales, haciendo del contrato de trabajo la puerta de entrada a derechos sociales básicos.
Pero aquí está la paradoja: este modelo funciona bien solo en contextos con altos niveles de empleo formal. En economías caracterizadas por una alta heterogeneidad de productividad entre empresas, los costos legales pueden ser demasiado altos para pequeñas empresas o ciertos sectores.
Informalidad: causas y consecuencias
La informalidad puede explicarse, al menos parcialmente, como el resultado de altos costos laborales combinados con baja productividad. Si bien también puede responder a otros múltiples factores (por ejemplo, cómo los marcos regulatorios estructuran los incentivos del mercado laboral; las limitaciones en la capacidad de los gobiernos para hacer cumplir la ley; carencias del capital humano de la fuerza de trabajo), el alto costo del empleo formal es un componente central de la explicación.
Desde el punto de vista jurídico, esto implica que los trabajadores informales quedan fuera de un conjunto fundamental de instituciones. No tienen acceso a la seguridad social, al salario mínimo garantizado, a la protección frente al despido o a llevar sus disputas a tribunales laborales.
El problema estructural: cómo se financia la protección social
Quizás la dimensión institucional más relevante del problema radica en el diseño de los sistemas de protección social. En la mayoría de los países de América Latina, las pensiones, la salud y otros beneficios sociales dependen principalmente de contribuciones sobre la nómina del empleo formal.
En contextos de alta informalidad, esto puede generar un círculo vicioso: las contribuciones aumentan el costo del empleo formal, ese mayor costo incentiva la informalidad, y, a su vez, la informalidad reduce los ingresos del sistema de protección social.
Este diseño puede profundizar la segmentación entre trabajadores protegidos y aquellos que quedan excluidos.
Repensar la relación entre empleo y protección social
En distintos contextos, ha surgido la necesidad de revisar cómo se vinculan el empleo formal y la protección social. Entre las alternativas, se incluyen: fortalecer mecanismos financiados con impuestos generales, el avance hacia sistemas de protección social más universales o reducir la dependencia de contribuciones sobre la nómina. Estas opciones buscan responder a los desafíos de cobertura en mercados laborales con alta informalidad, aunque su implementación requiere considerar las particularidades de cada país.
