Conectadas pero rezagadas: la paradoja digital de las pequeñas empresas en ALC

Un reciente informe de CAF reencuadra el debate sobre el desarrollo regional con una advertencia contundente: después de más de seis décadas, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe sigue siendo apenas una cuarta parte del de Estados Unidos y alrededor de un tercio del promedio de la OCDE, y la brecha no se ha cerrado de manera significativa. Mientras los Tigres Asiáticos pasaron de representar poco más del 10% del ingreso per cápita estadounidense en los años sesenta a superar el 70% en la actualidad, nuestra región permanece atrapada en una trayectoria de crecimiento lento y errático. Las diferencias en Productividad Total de los Factores explican casi el 80% de esa brecha. El mensaje es inequívoco: no basta con invertir más si no invertimos mejor. 

Este desafío se despliega bajo una presión histórica triple: la transición demográfica —la región envejece antes de enriquecerse—; la transición energética y medioambiental; y una severa restricción fiscal. En ese contexto emerge una paradoja especialmente relevante: la región ha avanzado en disponibilidad de tecnologías, servicios digitales y capacidades básicas de adopción, pero no ha logrado convertir ese avance en productividad, innovación ni sofisticación económica. El verdadero desafío ya no puede formularse como un problema de acceso o conectividad, sino como una agenda de transformación: rediseñar procesos, reorganizar modelos de negocio y redefinir la relación con proveedores, clientes e instituciones de fomento. Mal comprendida, la digitalización puede convertirse en lo contrario de lo que promete: un nuevo factor de exclusión. 

La digitalización como imperativo 

La transformación digital del tejido productivo no es un accesorio tecnológico ni una tendencia gerencial pasajera. Puede optimizar cadenas de suministro, diversificar mercados y reducir la dependencia de sectores tradicionales, en la medida en que se articule con las políticas de desarrollo productivo de cada país. El diagnóstico regional es contundente: la productividad laboral de la región apenas alcanza el 40% de la de las economías avanzadas. 

Para las pequeñas unidades productivas —alrededor del 99% del universo empresarial y cerca del 60% del empleo formal regional— la digitalización ofrece algo excepcional: la posibilidad de nivelar el terreno de juego frente a las grandes corporaciones, acceder a mercados globales y escalar operaciones sin una infraestructura física más grande y costosa. Es un imperativo de competitividad y sostenibilidad, no una opción. 

El otro lado de la moneda: barreras que no se resuelven solas 

Celebrar el potencial sin atender las condiciones de entorno es un ejercicio incompleto y riesgoso. Las pequeñas empresas enfrentan un sistema interconectado de barreras financieras, de capacidades y de entorno de negocios que no cede ante soluciones genéricas. La inversión en tecnología compite directamente con el flujo de caja destinado a costos operativos, nómina y proveedores. A esto se suma que las instituciones financieras tradicionales evalúan el riesgo crediticio con parámetros diseñados para activos físicos, no para activos intangibles como el software o los datos. 

La brecha estructural de financiamiento para las mipymes en la región ya supera los USD 1,8 billones, más del 30% del PIB regional, según estimaciones del Banco Mundial y la OCDE. A esta escasez de capital se suma la escasez de talento digital, y detrás de ambas persiste una resistencia cultural al cambio que, en estructuras de gobernanza centralizada en la figura del propietario, puede paralizar por completo la transformación. 

Cuando la brecha se mide en capacidades, gestión y productividad 

Esta no es una brecha abstracta ni puede reducirse a la distancia entre conectados y no conectados. La diferencia decisiva está en la capacidad de transformar operaciones: diagnosticar cuellos de botella, rediseñar flujos de trabajo, ordenar datos, automatizar tareas repetitivas y usar información para decidir mejor. Las tecnologías emergentes —en particular la inteligencia artificial— amplifican esa brecha cuando solo las empresas con mayor capacidad gerencial, capital humano y acceso a asesoría especializada pueden convertirlas en mejoras concretas de productividad. 

El riesgo latente, entonces, no es simplemente que algunas empresas queden fuera de internet, sino que queden fuera de la transformación. Si el apoyo público y financiero se limita a subsidiar herramientas aisladas, serán las empresas ya mejor gestionadas las que primero capitalicen los programas de fomento, consolidando su ventaja. El resultado sería una economía de dos velocidades: un pequeño grupo de “superestrellas” digitales creciendo con fuerza, y una mayoría rezagada, cada vez más distante. Lejos de ser una herramienta niveladora, la digitalización se transformaría en un multiplicador de las desigualdades que podría ayudar a resolver. 

Entender esta brecha en sus verdaderos términos —de capacidades y gestión, no de acceso— es el primer paso para evitar ese desenlace. La buena noticia es que no se trata de un destino inevitable: existe evidencia sobre qué tipo de política pública sí logra convertir la digitalización en una herramienta niveladora en lugar de un multiplicador de desigualdades.