Retos de América Latina y el Caribe para una movilidad totalmente sostenible
En el mundo, el 23 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provienen del sector transporte. Para lograr la neutralidad de emisiones en el año 2050, como lo establece el Acuerdo de París, es necesario que los gobiernos y el sector privado formulen estrategias para reducir al máximo la combustión de fósiles.
Sin embargo, los desafíos no son menores. Específicamente en lo que hace referencia a América Latina, hay tres retos a superar para lograr este objetivo: recursos insuficientes para financiar proyectos transformadores de transporte, limitaciones en los esquemas normativos actuales y de financiación y, en tercer lugar, falta de consenso y articulación entre conocimientos e intereses entre el sector público y los sectores gremiales del transporte.
Así lo indica el último documento CODS publicado por el Centro ODS para América Latina y el Caribe, en el que se analizan los principales desafíos para alcanzar una movilidad sostenible en la región.
El documento CODS 9, titulado “Movilidad baja en carbono para el desarrollo sostenible y equitativo de las ciudades: desafíos y oportunidades para el transporte de pasajeros en América Latina y el Caribe”, ahonda en los retos más importantes que tendrán los países de la región para reducir las emisiones del sector transporte y alcanzar una transición hacia la movilidad baja en carbono y en pro del desarrollo sostenible.
Teniendo en cuenta la recopilación de opiniones de personas expertas en movilidad, así como una revisión literaria sobre el tema, el documento da a conocer las principales necesidades en este sector.
Elaborada por Mónica Espinosa, Florentino Márquez, Darío Hidalgo y Juan Felipe Franco (todos investigadores en el sector de transporte), el estudio parte de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, el cual establece que los países, a más tardar en 2030, deben incorporar “medidas relativas al cambio climático y promover mecanismos que mejoren la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el mismo”.
¿Es un objetivo viable?
¿Qué tan realista es reducir las emisiones de GEI y apostar por la neutralidad de carbono en el transporte urbano? ¿Cuáles son los avances en la coordinación entre los gobiernos y los sectores de transporte? ¿Cuál será el rol de la participación ciudadana en la agenda de movilidad baja en carbono? Estas son algunas de las preguntas que busca responder el documento.
n los países en vías de desarrollo, señala el informe, la demanda de transporte de carga y de pasajeros se duplicará entre 2010 y 2050. Y, de hecho, “en América Latina y el Caribe el transporte se perfila como el subsector con mayor tasa de crecimiento en generación de emisiones en las próximas décadas”. De hecho, se estima que la población de la región puede superar los 750 millones de personas en el año 2050. Hoy se calcula que hay 629 millones de habitantes.
En el documento se explica, además, que el transporte es el segundo sector que más emisiones de CO2 genera en el mundo, sin incluir las emisiones del transporte aéreo ni marítimo, después de la electricidad. En tercer y cuarto lugar se ubican la manufactura y la construcción, respectivamente.
Sin embargo, en la mayoría de los países de la región, “la preocupación frente al cambio climático se centra en la adaptación a fenómenos climáticos extremos y reducción del riesgo asociado, más que en la mitigación de las emisiones”.
De hecho, el documento indica que en América Latina y el Caribe muchos gobiernos han visto las medidas de mitigación de emisiones de GEI como “una amenaza para las fuentes de financiación de obras en la región”. Por esta razón, los expertos afirman que se requiere de “cambios estructurales en las economías” y nuevas prioridades en las inversiones. Por solo mencionar un ejemplo: la mayoría de ciudades siguen priorizando proyectos de infraestructura vial, como carreteras, frente a otro tipo de inversiones, como esquemas de bicicletas públicas o cables aéreos.
A manera de ejemplo, el documento cita inversiones costosas que se han realizado en América Latina, como “el segundo piso de la periférica de Ciudad de México, los pasos a desnivel como el Túnel de Kennedy, en Santiago y la ampliación de la Autopista Norte, en Bogotá; proyectos de inversión pública que no necesariamente van en la dirección de transporte sostenible, pues continúan dando prioridad al motorizado, intensivo en emisión de carbono”.
Participación ciudadana y sector privado
Según el documento, es esencial trabajar con la ciudadanía, con los gobiernos locales y nacionales y con los gremios de transporte. En primer lugar, existe la idea de que, en términos políticos, resulta más rentable construir vías que proveer soluciones de transporte público o no motorizado. En ese aspecto, por ejemplo, la ciudadanía podría intervenir con instrumentos de participación ciudadana o con el seguimiento a nuevas políticas públicas.
En segundo lugar, el documento CODS también recomienda trabajar con los gobiernos para evaluar las opciones financieras en la región. Diseñar e implementar sistemas como líneas de metro, tranvías o cables aéreos, por ejemplo, requiere años e inversiones de miles y billones de dólares y pueden tardar varias décadas en ejecutarse.
Usualmente, los gobiernos locales tienen bajas opciones de endeudamiento. Y frente a la posibilidad de financiar proyectos a través de impuestos al carbono, por ejemplo, esta afectaría a la población más vulnerable en la región (en América Latina, según la Cepal, 65 millones de personas viven en pobreza extrema), por lo que habría que pensar en otras opciones de financiación.
Otro frente de trabajo está relacionado con los gobiernos nacionales. En América Latina y el Caribe, 24 de 26 países ratificaron sus contribuciones nacionales (NDC, por sus siglas en inglés) para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 bajo el Acuerdo de París. Actualmente, según señala el documento, existe un “cierto grado de desconexión entre los compromisos adquiridos por los gobiernos nacionales y las acciones que están desarrollándose en los territorios”.
Otro aspecto que analiza la investigación es que la institucionalidad ambiental no tiene suficiente peso en el sector transporte y por esta razón se recomienda hacer cambios en toda la estructura institucional, pues las NDC se han desarrollado en una estructura de “arriba hacia abajo”, lo que ha generado diferentes desconexiones entre la nación y los municipios o ciudades.
El rol del sector privado también será esencial. Los investigadores señalan que “el mejoramiento del transporte público, la redistribución del espacio vial para hacer campo a peatones y ciclistas, las transformaciones tecnológicas y el desmonte de subsidios a combustibles fósiles, generalmente terminan teniendo férreas oposiciones de gremios tradicionales del sector”. Por esta razón, recomiendan establecer mesas de trabajo con el sector transporte y comercial, pues de lo contrario esa transición en las emisiones no será posible.
Vale la pena recordar que el Acuerdo de París creó oportunidades de inversiones cercanas a los US$23 billones para los sectores de energía renovable, transmisión y distribución de energía, infraestructura, residuos y transporte.
No obstante, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) por doce países de América Latina y el Caribe, el presupuesto para cumplir con sus NDC casi duplica esa cifra y alcanza los US$54 billones. Las alianzas público privadas, teniendo en cuenta este escenario, pueden ser fundamentales para alcanzar la transformación. Esto contando con la participación ciudadana y una nueva priorización por parte de los gobiernos, argumenta el informe.
