América Latina en potencial crecimiento por las energías renovables
Latinoamérica, una región privilegiada geográficamente, que posee abundantes recursos naturales y condiciones positivas para la generación de energía renovable, un mercado dinámico que se ha convertido en una de las prioridades de los gobiernos locales por la relevancia que tiene para el crecimiento económico y comercial de sus países.
En general, América es un continente con numerosos proyectos funcionales de generación de energía eólica y solar, y presenta un rápido progreso tecnológico; aunque los actuales procesos, metodologías de planificación y políticas regulatorias de esta industria requieren de ajustes para consolidarla como uno de sus principales factores de proyección internacional.
Hasta hace una década, el mercado de energías renovables no existía en realidad en América Latina, en los últimos años, Brasil, México y Chile son los países que más invirtieron en el sector y se han convertido en mercados sustanciales para el desarrollo de esta industria. Por ejemplo, mientras que en 2007 el total de instalaciones era de 537 MW en apenas seis países regionales con proyectos individuales -la mitad realizados en Brasil-, para 2017 la producción general en la zona era de 22 mil MW aproximadamente.
Aunque son mercados pequeños, países como Colombia, Perú, Honduras, Nicaragua y Panamá se encuentran en pleno desarrollo y podrían ser prominentes en los próximos años por su avance en la producción de energía sostenible, pese a los distintos desafíos para la integración y estabilidad de la re que presenta la variabilidad de este tipo de energías.
Entre las principales razones del incremento de fuentes de energías renovables en Latinoamérica, destaca el compromiso de los gobiernos locales para dar paso a las fuentes de energía verde y dejar atrás las fuentes altamente contaminantes, como los combustibles fósiles, que por años han contribuido al cambio climático, tras producir emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
En la actualidad, son diversos los proyectos que se ejecutan y que destacan por su gran aporte al crecimiento de esta industria en la zona. Incluso, empresas de otras regiones del sector han volteado a AL para invertir en nuevas fuentes de energía verde, en especial las españolas (Acciona, Grupo Aldesa, Iberdrola, Naturgy y Siemens-Gamesa). Estas empresas llevan a cabo, principalmente, la promoción y explotación de parques eólicos y fotovoltaicos, como parte de sus actividades para afianzarse como referentes en sector energético.
Brasil, por ejemplo, se posiciona como el tercer generador de energía renovable más grande del mundo, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), y el octavo productor de energía eólica; incluso, se calcula que genera cerca del 76 por ciento de su electricidad a partir de recursos renovables; según el Consejo Global de Energía Eólica, en su territorio hay más de 500 parques eólicos en operación, que representan 12.77 GW de capacidad instalada.
En su caso, Argentina trabaja arduamente para cumplir su meta de suministrar para 2025 el 20% de su energía con recursos renovables. En su plan destaca la contratación de dos mil 400 MW de energía eólica que resultaron de su primera subasta renovables (2016) y la implementación del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable, que permite que los generadores de energía y los usuarios intercambian energías limpias.
Colombia es otro país con gran compromiso por las energías limpias, como lo demuestra el plan gubernamental de destinar 1.18 millones de MWh por año a proyectos de este rubro y aumentar su producción de energía eléctrica, a través de fuentes renovables, a por lo menos 1,500 MW, suficiente para cubrir la demanda de -al menos dos de sus grandes ciudades.
Esto aunado a la inversión que realiza el sector privado, como el caso de Grupo Aldesa, que con sus 202 mil 230 paneles solares, abastece a 18 mil hogares y beneficia a más de 72 mil personas. La intención del gobierno colombiano es modernizar el sector energético con tecnología de punta, para contribuir a la eficiencia de energía y la protección medioambiental.
México pone freno a las energías renovables
Los planes del Gobierno federal, anunciados recientemente para reactivar a la economía golpeada por la pandemia de Covid-19, sólo se enfocan a las empresas gubernamentales y deja fuera los proyectos de energías renovables de capital privado, claves para avanzar hacia la modernidad energética.
Por ejemplo, en el programa Acciones y Proyectos para Apuntalar la Reactivación Económica, que presentaron las autoridades, no se apuntala un mercado energético que beneficie a la población ni al desarrollo de la industria verde, sino a las compañías de casa, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cabe recordar que hace unos meses, la 4T cambió su política energética y frenó las energías renovables al suspender las pruebas de centrales privadas de energía renovable ante la caída de la demanda eléctrica durante la pandemia, bajo el argumento de la Secretaría de Energía (Sener) de que la intermitencia de la generación solar y eólica ponía en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Así, la Sener pretendió ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la CFE y limitar los permisos para plantas eólicas y solares de particulares, además de modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Apenas hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la suspensión a la política eléctrica de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, derivada de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica el pasado 22 de junio, para detener los efectos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Sener 15 de mayo.
La Primera Sala de la Corte consideró como “infundado” el recurso de reclamación del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante un conducto de su consejero jurídico sobre dicha controversia.