América Latina y el Caribe en camino de una integración sostenible

París – La concertación política en América Latina y el Caribe ha atravesado por varias etapas, pero nunca como hasta ahora la ciudadanía había mostrado tanto interés por participar de lo regional.En las primeras décadas de la posguerra, se implementaron esquemas de cooperación como en el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de integración regional, en un sentido marcadamente comercial y económico como la Comunidad Andina (CAN) y décadas después del Mercado Común del Sur (Mercosur). No obstante, esos procesos estuvieron marcados por la guerra fría y la confrontación entre Washington y Moscú los terminó condicionando negativamente.

La suspensión de Cuba de la OEA por adoptar un modelo de democracia popular, al tiempo que se mantuvieron intactas las membresías de gobiernos militares resultado de golpes de Estado, fue tal vez la contradicción más paradigmática de aquella época, pero no la única.

De manera desafortunada, los vaivenes políticos en regímenes presidenciales hacen que la regionalización que debe ser un proceso continuo, coherente e institucionalizado, termine convirtiéndose en contingente y reflejo de la correlación de fuerzas ideológicas del momento.

En este tiempo, la llegada de gobiernos conservadores que empezó con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil y la llegada inesperada de Jair Bolsonaro, debilitó la construcción regional exitosa previa que había conseguido abandonar las lógicas arbitrarias de la guerra fría y como pocas veces construyó espacios de concertación para superar las diferencias, la puesta en práctica de visiones comunes para políticas desde un conjunto de Estados y el emprendimiento de iniciativas inéditas en beneficio de una ciudadanía en todo sentido regional.

La consecución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no fueron activos de la izquierda, sino del pluralismo.

Por eso cuando el cuadro regional de gobiernos conservadores se robusteció con la elección de Sebastián Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia, resultó inexplicable que se hubiese hecho hasta lo imposible por desmontar Unasur y congelar cualquier iniciativa en la Celac que, hasta ese entonces, se encontraba ad portas de convertirse en un canal de diálogo político con Europa y China.

En medio de un panorama desolador para la integración y la concertación política regional, América Latina y el Caribe ha visto la emergencia del Grupo de Puebla, incitativa de la sociedad civil sin antecedentes, impulsada por varios líderes progresistas que proponen una construcción regional desde las orillas desoídas en estos años de hegemonía conservadora.

Como parte de ese proceso, sobresale la idea de contar con un esquema de diálogo entre los diferentes grupos parlamentarios progresistas que contrarreste el discurso agotado de varios de los gobiernos que insisten en iniciativas tan anacrónicas como estériles, siendo el Grupo de Lima el caso más representativo.

Tal conjunto es sinónimo de acciones improvisadas, mediáticas, impuestas y lo más grave: alejadas del derecho internacional. Su dinámica afecta no solo a los más desamparados en Venezuela que sufren las sanciones, sino que desactiva espacios de diálogo construidos durante décadas y que sirvieron precisamente para superar y tramitar dentro de los principios de la soberanía, las diferencias entre Estados.

La integración regional es esencial, máxime cuando sabemos que la pandemia llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región con una caída de 9.1 del PIB para este año, según lo anunciado por la Comisión Económica para América latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal). El resultado será más pobreza y desigualdad.

En ese contexto y para que lo anunciado por organismos regionales en pro del desarrollo inclusivo y sostenible no quede solamente en figuras declarativas y sugerencias a los gobiernos, la integración debe avanzar hacia una mayor institucionalización.

El grupo de parlamentarios de Puebla puede abrir el camino para una regionalización que no sea monopolio de los gobiernos, y donde se vean representados todos los segmentos de la población latinoamericana.

El trabajo legislativo es clave para aprobar normas que permitan avanzar hacia un proyecto de integración coherente, sostenible y con mayores atribuciones.

En el marco actual de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el seno de Naciones Unidas, lo supranacional no puede seguir siendo sinónimo cesión, sino de cooperación y solidaridad entre territorios.

En un organismo como la Celac, su afianzamiento podría pasar por contar con una secretaría regional para tener una voz con mayor peso en la escena global, con iniciativas para promover proyectos regionales de envergadura, movilizando la cooperación internacional, apoyando el avance hacia reformas tributarias que pongan fin a la evasión y avancemos en una fiscalidad redistributiva como progresiva, y la creación de fondos estructurales para situaciones de emergencias.

La región y el mundo están cambiando, por consiguiente, es importante influir para progresar en la dirección correcta.

*Lebret es cientista político, experto en cooperación internacional; Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, Colombia.