Articulo: Gastos públicos, factor de riesgo en 2020

Por: Lic. Félix Santana García

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

Sin lugar a dudas el tema de los gastos públicos siempre ha sido de interés de los agentes económicos y público en general ya que estos son un verdadero dolor de cabeza, los cuales deberían planificarse conforme el nivel de los ingresos producto de las recaudaciones tributarias, donaciones, transferencias y préstamos, los cuales son de fácil aplicación y despilfarro al no provenir de las finanzas personales de un individuo en particular sino del conjunto de recursos captado por el Estado, creyéndose muchas veces que los mismos no tienen dueños.

Por ser así, quienes están llamados a administrar los ingresos públicos deben ser responsables y transparentes en el momento de aplicar los mismos en las clasificaciones: funcionales, institucionales y económicas que previamente fueron planificadas a través del Presupuesto General del Estado a los fines de dar respuesta a la población con los bienes y servicios que esta requiere o demanda.

Pero el hecho de que existan autoridades irresponsables en la administración de los recursos financieros del Estado da lugar a que la población haya perdido la confianza en estas por la costumbre de que los recursos públicos se les dan un uso inadecuado o alejado de la programación que previamente se concibió.

De manera que no todas las personas están llamadas a ejercer un puesto público ya que muchas de estas son débiles ante el dinero y tienden a corromperse al disponer de este para uso personal y no a favor del interés nacional.

El Presupuesto General del Estado es el instrumento de política pública más importante porque traduce en cifras las prioridades que el gobierno ha establecido para cada año. El presente presupuesto 2020 asciende a RD$997,119.2, equivalente al 15.3% del PIB.

El presupuesto identifica quienes van a financiar estas prioridades, es decir, identifica quienes van a soportar la carga del sistema tributario. El presupuesto público por lo tanto describe de forma general la existencia de un pacto fiscal de forma implícita.

Hay aspectos significativos envueltos en la presupuestación, el primero de ellos es la presión tributaria, es decir, el tamaño de las recaudaciones de los tributos totales respecto al Producto Interno Bruto (PIB), el cual periódicamente se incrementa.

Un segundo aspecto es mejorar la capacidad de planificar y ejecutar el gasto en ciertos sectores, incluyendo los gobiernos subnacionales o municipios para evitar la pérdida de recursos debido a la falta de ejecución.

Otro aspecto es la evasión y elusión fiscal o incumplimiento tributario el cual hoy se estima en un 61.9%. La base tributaria es muy reducida.

El 46.2% de los ingresos provienen del 38.1% de los contribuyentes y el 31.1% de estos ingresos vienen del impuesto sobre la renta.

La recaudación está muy concentrada y muy dependiente de ciertos sectores económicos y esto afecta la sostenibilidad de los ingresos finales permanentes.

Ante esa situación se recomienda reconstruir el pacto fiscal, midiendo periódicamente la sociología fiscal lo que significa medir: ¿cómo el ciudadano percibe la tributación?, indicando ¿cuáles son las causas de la evasión y elusión fiscal o incumplimiento tributario? y ¿cómo percibe la ciudadanía la calidad y cobertura de los servicios públicos?

Una vez obtenidas estas medidas se deben difundir ampliamente lo que permitiría que la ciudadanía recupere su rol de control social y se alié al proceso de formulación y ejecución del presupuesto.

Hay que transparentar los costos de los incentivos tributarios o estímulos para impulsar algunas actividades económicas, los cuales están mal diseñados para promover las actividades y tienen un costo de un 7% de los ingresos no obtenidos del PIB nominal, estimado este en US$84,984.6 para el año 2020.

El costo de la corrupción se estima en 1.1% del PIB. Lo anterior significa que la palabra pacto fiscal implícito, está rota.

Los gastos son financiados por ingresos que vienen de una mínima fracción de contribuyentes y esto resta legitimidad al subestimar un acuerdo amplio que debe existir entre ciudadanos y Estado.

Existen fuertes debilidades estructurales, alta informalidad, baja productividad, falta de institucionalidad y debilitada competitividad. La tributación es un medio para lograr el objetivo de desarrollo.

El hecho no es cuánto se recauda sino la calidad del cumplimiento tributario y la calidad del gasto, (Marcel Ramírez la Torre, 2018).

Actualmente se presentará un panorama adverso para los ingresos en caso de que se alcance menos crecimiento económico del estimado de alrededor de un 5% del PIB para el año 2020 ya que disminuiría el cobro del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) los cuales fueron sobreestimados para este año.

Es oportuno señalar que los sectores: finanzas, construcción, energía y agua fueron los que impulsaron el crecimiento económico dominicano del año 2019 recién finalizado, contrario a otros años en que lo sustentaba el turismo y las telecomunicaciones.

A pesar de que el Banco Central aplicó medidas de flexibilización monetaria para estimular la economía y de que el sistema financiero del país dispone de niveles de liquidez para satisfacer la demanda de dinero de la economía.

Diferentes economistas del país estiman que el déficit del año 2019, recién transcurrido, supera los RD$156 mil millones, contrario al monto originalmente estimado de RD$75,525.4 millones.

Los ingresos por concepto del comercio mineral durante los últimos 14 años (2014-2019) se han visto expuestos a un déficit respecto al resto del mundo por RD$14,839 millones.

El Estado pierde RD$49.00 de cada RD$100.00 ingresado, debido al contrabando en la frontera con Haití por concepto de ITBIS, aranceles y otros impuestos dejados de cobrar por la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Como contrapartida a las bajas recaudaciones surgirá para el año 2020 un aumento de los gastos los que durante los gobiernos del partido oficial han aumentado escandalosamente mucho más en los años de elecciones nacionales al extremo de que durante la campaña electoral de 2012 los gastos se elevaron tanto que generaron un déficit fiscal por más de RD$200 mil millones.

Gastos que se caracterizan por ser clientelistas y dentro de ellos los gastos por nóminas parasitarias, prebendas y por la tan criticada manía de la corrupción.

Además de los anteriores gastos, aumentan los gastos financieros o pago de intereses sobre la deuda la cual aumentará en más de RD$246,295.8 millones por emisiones de nuevas deudas (bonos).

Otros gastos que aumentarán serán los gastos por importaciones de petróleo los cuales se verán afectados por el aumento del precio del barril de este combustible y sus derivados, afectando esta la balanza comercial.

Se estima que el precio de este carburante se colocará por encima de los US$59.00 utilizados para el cálculo del Presupuesto General del Estado 2020, producto de la nueva conflagración que hoy surge a raíz de los conflictos entre Estados Unidos e Irán.

El mundo se torna más inseguro o más peligroso tras los Estados Unidos asesinar al General Iraní Qasem Soleimaní, el cual los iraníes prometen vengar a como dé lugar, lo que dispararía mucho más el precio de los commodities, materias primas o bienes primarios.

Así también disminuiría los ingresos por concepto del turismo, disminuiría los financiamientos, la producción, el consumo y aumentaría el desempleo provocando una disminución sustancial en los ingresos.

Lo anterior decretará aumento de los gastos añadidos a los gastos nerviosos que se originan mucho más debido al interés denodado de las actuales autoridades y su partido por mantenerse en el poder el cual han disfrutado por casi 20 años y que buscarán extender más allá del 2024.

Hoy se justifica llevar a cabo un pacto fiscal que incluya los gastos y los ingresos pero antes de que este se celebre y apruebe es menester enviar un mensaje a la ciudadanía de que la casa previamente se ha puesto en orden a los fines de tener moral y ética para poder aplicar una nueva ley fiscal.

Es importante lograr o ampliar el llamado superavit primario que para el presente año se estima en RD$39,742.5 millones equivalente a un 5% de los ingresos (RD$39,742.5/RD$750,823.4).

Lo anterior, a los fines cubrir los gastos por intereses y de paso enviar un mensaje positivo a las agencias calificadoras de riesgos de que el país tiene la competencia de honrar sus gastos financieros y aplicaciones financieras o amortización.

Esto así ya que si no se lleva un mensaje positivo a la nación de que los recursos públicos serán honradamente administrados dicha reforma caerá en el vacío, repitiéndose lo que siempre se ha hecho, colocar nueva vez un parche al barril sin fondo que las autoridades siempre han manejado a su antojo privilegiando el interés particular sobre el interés general.

Realmente el riesgo por aumento de gastos y disminución de los ingresos se acrecienta para el presente año 2020, más aún cuando no se tienen organismos eficientes y efectivos que vigilen la administración de los ingresos, los gastos y sus desbordes y no se tiene una ley de responsabilidad fiscal.

En ese sentido se sugiere a las nuevas autoridades que virtualmente serán del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que asumirán la administración del Estado Dominicano a partir de agosto próximo prepararse para ajustar las metas de ingresos y gastos de los últimos cuatro meses del año 2020 y el venidero año 2021.

Sin ahorro y sin una buena administración de los ingresos y gastos el éxito económico y financiero del país estaría en cuestionamiento.-.