Cómo asegurar la estabilidad financiera en la batalla contra la COVID-19
América Latina y el Caribe se enfrenta a una crisis económica y sanitaria que pondrá a prueba sus sistemas financieros como pocas veces en la historia reciente. La pandemia continúa expandiéndose y causando considerables pérdidas de ingresos y una recesión cada vez más profunda. No obstante, el golpe puede amortiguarse. Tanto la banca, como los gobiernos y los bancos centrales, pueden desempeñar un papel crucial proporcionando financiamiento a las familias y empresas para reducir el impacto de la crisis y hacer que la recuperación sea más rápida.
América Latina y el Caribe entró en la era de la COVID-19 con marcos monetarios relativamente fuertes, con la inflación y las expectativas de inflación bien ancladas. Varios países han introducido regímenes de metas de inflación y han logrado mayor flexibilidad en el tipo de cambio. Cuando estalló la crisis, los sistemas financieros se encontraban fuertes y los bancos tenían grandes colchones de capital y liquidez.
Pero los déficits fiscales y la deuda se han disparado, impulsados por un mayor consumo desde la crisis financiera mundial de 2008. La deuda externa del sector privado también ha aumentado, y gran parte de su emisión ha sido denominada en dólares. Como resultado de la crisis de la COVID-19, que ha reducido los ingresos y la demanda y provocado un shock de oferta y productividad, es probable que los sistemas financieros de la región se vean amenazados por diversos problemas; siendo el aumento en el riesgo crediticio el problema principal.
Recientemente dirigimos un grupo de trabajo, resultado de una estrecha colaboración entre el Center for Global Development (CGD, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analizó una serie de temas complejos y urgentes para los sectores financieros. El informe que se publica hoy, y que fue posible gracias a las deliberaciones del grupo de expertos altamente cualificados que conformaron el grupo de trabajo, incluye recomendaciones detalladas para preservar la estabilidad financiera y permitir que los bancos desempeñen un papel constructivo en la fase de recuperación.
Mantener la independencia de los bancos centrales
Es de suma importancia mantener la credibilidad y la independencia de los bancos centrales, algo que costó mucho esfuerzo lograr. En la mayoría de los países de la región, los bancos centrales han reducido las tasas de interés y han inyectado liquidez en la economía. Esta política monetaria ha sido factible y efectiva gracias a la credibilidad que estos habían ganado. Algunos países están contemplando la posibilidad de modificar los estatutos de sus bancos centrales para dar mayor flexibilidad a la compra de valores públicos y privados (no financieros) en los mercados primarios. Pero hay muchos riesgos. Los bancos centrales deben centrarse en la provisión de liquidez, pero evitar el financiamiento monetario de déficits fiscales y la asunción de riesgos crediticios del sector privado. Los bancos centrales no deben debilitar sus balances ni comprometer su independencia. Los gobiernos deben recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos multilaterales de desarrollo (MDB, por sus siglas en inglés) para obtener recursos y apoyo adicionales si fuera necesario.
El alto número de empresas altamente apalancadas y que cuentan con grandes pasivos externos denominados en dólares y con fuentes de ingresos en dólares que están desapareciendo constituye un desafío creciente en algunos casos. La mayoría de los países tienen normas que limitan los descalces de monedas en los balances de los bancos. Pero los bancos centrales deben asegurarse de que todas las transacciones en moneda extranjera sean notificadas y que los riesgos sean evaluados. Se necesitan nuevas pruebas de estrés para modelar, por un lado, los riesgos de refinanciamiento y solvencia de las empresas y cómo estos pueden afectar a los bancos y a otras instituciones financieras y, por el otro, la probabilidad de que las empresas más pequeñas queden excluidas de los mercados de crédito. Es posible que, en última instancia, los formuladores de políticas públicas tengan que adoptar medidas preventivas que ayuden a las empresas a reestructurar sus deudas o incluso proporcionar inyecciones de capital o usar instrumentos alternativos.
Cómo afrontar problemas de solvencia y de liquidez
En un entorno marcado por las medidas de confinamiento y las pérdidas de ingresos a medida que se detiene la actividad económica, muchos países han facilitado la reprogramación de créditos con largos períodos de gracia o han decretado postergaciones de pago. No obstante, los créditos en esos programas tienden a ser reportados como en cumplimiento de sus obligaciones (en regla) y no están sujetos a provisiones adicionales. Una preocupación importante es que la crisis de liquidez se pueda estar transformando en una crisis de solvencia. Además, durante este período de suspensión de pagos, se está perdiendo información sobre la solvencia de los prestatarios. Por tanto, cada vez se hace más difícil determinar los riesgos reales. Las postergaciones de pago deberían ser temporales y los bancos deberían estar obligados a notificar sobre la verdadera calidad de sus préstamos para que los supervisores y los bancos centrales tengan una visión clara de la situación. Los requisitos de provisiones, vinculados a las clasificaciones de los préstamos, deben mantenerse también a criterio de los supervisores a fin de que los bancos tengan tiempo suficiente para acumular mayores provisiones cuando sea necesario. Esto implicará tener que usar, hasta cierto punto, los colchones de capital de los bancos. Estos son tiempos insólitos, y es de esperar que se haga uso de estas reservas.
Muchos países han creado grandes programas de garantía pública para ofrecer apoyo crediticio, pero la mayoría de estas garantías no cubren la totalidad de los préstamos. Dada la incertidumbre en cuanto a los riesgos crediticios, la utilización de este instrumento por parte de los bancos ha sido limitada. Una solución a este problema podría ser restringir los programas de garantía de préstamos a un universo limitado de empresas formales de, por lo menos, un tamaño mediano y con buena información sobre los riesgos crediticios y, al mismo tiempo, asegurar la transparencia y la existencia de provisiones adecuadas contra las pérdidas.
Cuando se trata de pequeñas empresas y microempresas, las asistencias no reembolsables pueden ser una mejor opción, siempre que se disponga de información adecuada sobre la viabilidad de la empresa y que se pueda reducir la asistencia si resulta evidente que la empresa no sobrevivirá. Por ejemplo, la asistencia a una empresa podría convertirse en una transferencia si la empresa fuera la fuente de ingresos de una familia pobre. Con tanta incertidumbre sobre qué empresas son viables, un instrumento de capital o similar podría funcionar mejor, en última instancia, para las empresas formales más grandes. Eso proporcionaría a los gobiernos la posibilidad de minimizar las pérdidas fiscales (e incluso podrían generar beneficios) en caso de que las empresas obtengan resultados superiores a lo previsto. Para ello es crucial la creación de estructuras y normas a fin de asegurar que la inversión pública se destine a empresas que sean verdaderamente viables y no solo a aquellas con conexiones políticas. El brazo del sector privado de los bancos multilaterales de desarrollo como IDB-Invest y la Corporación Financiera Internacional podrían ayudar en este cometido. Si se hace correctamente, este esfuerzo podría generar un inmenso beneficio a largo plazo: la mejora de la gobernanza empresarial en la región. Seleccionar los instrumentos adecuados será fundamental para aprovechar al máximo los limitados recursos fiscales. Por tanto, es mejor apoyar a las empresas ex ante que enfrentarse a incumplimientos generalizados y verse obligado a ayudar a los bancos a posteriori.
Aun así, es inevitable que algunas empresas terminen en bancarrota, y que algunos bancos y otras instituciones financieras se vean forzados a cerrar. La mayoría de los países cuentan con sistemas de seguro de depósitos, y muchos de ellos han mejorado las normas en materia de resolución bancaria desde las crisis de los años ochenta y noventa. Pero los formuladores de políticas públicas deben asegurarse de que esos marcos estén operativos y debidamente regulados. También es importante que los bancos centrales y los supervisores bancarios estén protegidos de posibles ataques legales tras los procesos de resolución de instituciones financieras. Los marcos de resolución bancaria tienden a centrarse en instituciones individuales, por lo que los gobiernos y los bancos centrales tendrán que estar atentos a los riesgos sistémicos y elaborar planes de contingencia en caso de que aumenten los riesgos y afecten a múltiples instituciones o instituciones más grandes.
Impulsar la inclusión financiera
En medio de la crisis actual, surge la posibilidad de una buena noticia. Desde que comenzó la pandemia, se han ampliado las redes de seguridad social y se han creado nuevos programas de transferencia. Además, algunos países han complementado esos esfuerzos con innovadores métodos de pago electrónico y acuerdos con instituciones financieras para crear cuentas sencillas y sin costos para los beneficiarios. Eso podría permitir a las familias y empresas que actualmente no están bancarizadas acceder a servicios financieros y, junto con una mayor educación financiera, fomentar el bienestar mucho más allá de la crisis actual.
América Latina y el Caribe tiene un camino difícil para poder navegar la crisis actual y lograr salir adelante. La magnitud del desafío para los bancos dependerá de la duración de la emergencia sanitaria y de la extensión y el alcance de la crisis económica. Los recursos son limitados y el mantenimiento de la estabilidad financiera es esencial; una crisis financiera solo aumentaría los problemas económicos, especialmente para los más pobres. Las buenas políticas, como se identifica en nuestro informe, ayudarán a minimizar la crisis económica y permitirán a los bancos desempeñar un papel constructivo e integral en la fase de recuperación.
