¿Cómo la gestión eficiente de activos públicos puede mejorar la provisión de servicios sin aumentar impuestos?

Según datos del Fondo Monetario Internacional, los activos públicos no financieros corresponden en promedio al 54% del PIB de los países, excluyendo la tierra y los recursos naturales.

Esta cifra sugiere que la buena gestión de estos activos podría traer muchos beneficios financieros y económicos a los países; sin embargo, también implica un riesgo de contracción económica si la calidad de su gestión empeora. Esto se debe a que los edificios, las infraestructuras y los bienes muebles de las administraciones públicas están asociados a pasivos de gastos importantes y variables. Por lo tanto, la suma neta de estos activos y pasivos también podría ser negativa si no se gestiona bien.

Las repercusiones de la gestión de los activos no financieros del Estado se extienden mucho más allá del funcionamiento interno del gobierno, y una gestión adecuada es fundamental para la prosperidad económica de países y ciudades, y para la calidad de vida de sus habitantes.

¿Cuáles son los beneficios de una buena gestión de activos públicos?

1. Mejora de los resultados financieros del gobierno: incluyendo el aumento de los ingresos, la reducción de los gastos, y la mejora del balance y estabilidad fiscal.

La mejor noticia es que todo esto se puede conseguir sin reducir la calidad o la cantidad de los servicios y sin aumentar los impuestos, ya que la buena gestión de activos públicos permite:

• Reducir los costos de los bienes inmuebles mediante la maximización de la tasa de utilización de los edificios e instalaciones; la reducción de la dependencia del espacio alquilado; la reducción de los costes de funcionamiento y mantenimiento de los bienes inmuebles; y la reducción de la redundancia, el solapamiento y los costes asociados a las oficinas públicas.
• Crear incentivos para que los organismos públicos logren una mayor eficiencia en sus inventarios de bienes inmuebles.
• Facilitar y agilizar la venta o eliminación de bienes inmuebles públicos innecesarios.
• Ser más eficientes en las transferencias de bienes inmuebles para la prestación de servicios a las personas en situación de calle.
• Ayudar a los organismos públicos a lograr los objetivos de sostenibilidad del gobierno, mediante la reducción del exceso de espacio, inventario y consumo de energía, así como mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías

2. Genera recursos adicionales para la financiación y el suministro de infraestructuras:

El Centro de Transporte Volpe de Cambridge, Massachussets es un ejemplo de cómo la gestión creativa de los activos públicos puede liberar el valor potencial de la propiedad.
El solar de Volpe en Kendall Square era un extenso campus federal, con baja densidad ocupacional, que fue intercambiado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en un acuerdo que generó 750 millones de dólares. Este acuerdo consistió en que el MIT debía construir una instalación para el Departamento de Transporte y, después de la construcción, el gobierno federal traspasaría la parte del terreno que no necesitaría al MIT. Esto permitió una mejor utilización del terreno y el fortalecimiento de la colaboración entre el MIT y el gobierno.

3. Reduce las necesidades de inversión en infraestructuras:

Estas necesidades de inversión en infraestructura pueden reducirse hasta en un 38% mediante tres medidas combinadas: (i) mejorar la selección de proyectos y optimizar las carteras de infraestructuras, (ii) racionalizar la entrega, y (iii) aprovechar al máximo los activos existentes.

4. Reduce las oportunidades de corrupción y conflicto de intereses:

Mediante una mayor transparencia de las normas y los procesos, así como el uso de procedimientos competitivos cuando los organismos gubernamentales interactúan con el sector privado, ya sea a través de la selección de una asociación público-privada (APP) o el arrendamiento de espacio de oficinas.

5. Aumenta la sostenibilidad y la resiliencia climática:

Mediante la inclusión de criterios de resiliencia climática y sostenibilidad ambiental y social, en la priorización y ejecución de proyectos de inversión pública. Como, por ejemplo, en Argentina la asignación de terrenos baldíos o infrautilizados del gobierno en ubicaciones privilegiadas para el desarrollo privado, cambiando el curso de la expansión urbana insostenible en alguna ciudad.

6. Aumenta el desarrollo económico:

Mediante el uso de terrenos pertenecientes al gobierno para fines productivos en zonas urbanas; como bases militares desmanteladas, terrenos adyacentes a rutas ferroviarias, puertos y otras propiedades nacionales subutilizadas. En general, la mejora de la productividad económica de los terrenos de propiedad gubernamental y otros activos no financieros contribuye directamente a aumentar el PIB.

7. Mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía:

Varios atributos clave de calidad en los servicios, que afectan la satisfacción de las personas usuarias, están vinculados a los activos en uso; es decir, entran en el ámbito de la gestión de activos públicos. Estos incluyen la accesibilidad, comodidad y facilidad de uso de los centros de atención a la ciudadanía.
Cada vez se reconoce más que los activos físicos son esenciales para la prestación de servicios a las personas y empresas. Esto es evidente en sectores como la energía, el transporte, las telecomunicaciones y el agua, donde la gestión de la infraestructura, la regulación, el desempeño de las empresas y el comportamiento de las personas consumidoras influyen en la disponibilidad y calidad de los servicios.

Te invitamos a leer nuestra publicación “Nuestra riqueza inexplorada: hacia una gestión moderna de los activos públicos”, donde exploramos los beneficios de una gestión eficiente de la propiedad estatal, los problemas que enfrenta América Latina y el Caribe para aprovechar al máximo este patrimonio, y las soluciones que los gobiernos pueden implementar para aprovechar esta riqueza inexplorada.

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