Efectos de la COVID-19 sobre los medios de vida de las personas, salud y nuestros sistemas alimentarios

19 de octubre de 2020, Roma/Ginebra  – La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una terrible pérdida de vidas humanas en todo el mundo y plantea un desafío sin precedentes para la salud pública, los sistemas alimentarios y el mundo laboral. Las perturbaciones económicas y sociales ocasionadas por la pandemia son devastadoras: decenas de millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza extrema, mientras que el número de personas subalimentadas, que actualmente se estima en casi 690 millones, podría registrar un aumento de hasta 132 millones para finales de año.

Millones de empresas se enfrentan a una amenaza existencial. Casi la mitad de los 3 300 millones de trabajadores del mundo corre el riesgo de perder sus medios de vida. Los trabajadores de la economía informal son especialmente vulnerables, ya que la mayoría carece de protección social y acceso a una asistencia sanitaria de calidad y ha perdido el acceso a activos productivos. Sin los medios para obtener ingresos durante los confinamientos, muchos no pueden procurarse alimentos ni alimentar a sus familias. Para la mayoría, no generar ingresos significa no tener comida o, en el mejor de los casos, reducir la cantidad y calidad nutricional de los alimentos. 

La pandemia ha afectado a todo el sistema alimentario y ha puesto al descubierto su fragilidad. El cierre de fronteras, las restricciones al comercio y las medidas de confinamiento han estado impidiendo a los agricultores acceder a los mercados, en particular para comprar insumos y vender sus productos, y a los trabajadores agrícolas cosechar los cultivos, lo que ha alterado las cadenas de suministro de alimentos nacionales e internacionales y ha reducido el acceso a dietas saludables, inocuas y variadas. La pandemia ha destruido trabajos y ha puesto en peligro millones de medios de vida. A medida que los encargados del sustento familiar pierden sus trabajos, enferman y mueren, la seguridad alimentaria y nutrición de millones de mujeres y hombres se ven amenazadas, y las personas que viven en países de ingresos bajos, especialmente las poblaciones más marginadas, entre las que se incluyen los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, resultan las más afectadas.

Mientras alimentan al mundo, millones de trabajadores agrícolas -tanto asalariados como autónomos- se enfrentan habitualmente a altos niveles de pobreza laboral, malnutrición y salud deficiente y sufren una falta de seguridad y protección laboral, así como otros tipos de abuso. Habida cuenta de que sus ingresos son bajos e inestables y de que carecen de apoyo social, muchos de ellos se ven obligados a seguir trabajando, a menudo en condiciones inseguras, lo que les expone a ellos y a sus familias a riesgos adicionales. Además, al sufrir pérdidas de ingresos, estas personas pueden recurrir a estrategias de supervivencia negativas como la venta de activos en condiciones desfavorables, la obtención de préstamos abusivos o el trabajo infantil. Los trabajadores agrícolas migrantes son especialmente vulnerables, ya que se exponen a riesgos en sus condiciones de transporte, trabajo y vida y experimentan dificultades para acceder a las medidas de apoyo puestas en marcha por los gobiernos. Para salvar vidas y proteger la salud pública, los medios de vida de las personas y la seguridad alimentaria, será fundamental garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores del sector agroalimentario, desde los productores primarios hasta los que intervienen en la elaboración, el transporte y la venta al por menor de alimentos, incluidos los vendedores de alimentos en la vía pública, así como mejorar los ingresos y la protección.

En la crisis de la COVID-19 convergen la seguridad alimentaria, la salud pública y las cuestiones relativas al empleo y el trabajo, en particular la salud y seguridad de los trabajadores. Para abordar las dimensiones humanas de la crisis será imprescindible adoptar prácticas en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo y garantizar el acceso al trabajo decente y la protección de los derechos laborales en todos los sectores. Algunas de las medidas inmediatas y específicas encaminadas a salvar vidas y medios de vida deberían ser la ampliación de la protección social en aras de una cobertura sanitaria universal y el apoyo a los ingresos para los más afectados, entre los que se cuentan trabajadores en la economía informal y en puestos de trabajo poco protegidos y mal remunerados, en particular jóvenes, trabajadores de más edad y migrantes. Debe prestarse especial atención a la situación de las mujeres, que están excesivamente representadas en los trabajos mal remunerados y las funciones de cuidado. Es esencial proporcionar diferentes formas de apoyo, por ejemplo, transferencias monetarias, prestaciones por hijos a cargo y comidas escolares saludables, iniciativas de vivienda y socorro alimentario, apoyo para la conservación y la recuperación del empleo, y ayuda financiera para empresas, sobre todo para microempresas y pequeñas y medianas empresas. Al formular y poner en marcha estas medidas es fundamental que los gobiernos colaboren estrechamente con los empleadores y trabajadores.

Los países que se enfrentan a crisis humanitarias o situaciones de emergencia existentes están especialmente expuestos a los efectos de la COVID-19. Es crucial responder a la pandemia con rapidez, al tiempo que se vela por que la asistencia humanitaria y para la recuperación llegue a la población más necesitada.

Ahora es el momento de la solidaridad y el apoyo a escala mundial, en especial en relación con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, sobre todo en el mundo emergente y en desarrollo. Solo juntos podemos superar las repercusiones interrelacionadas que la pandemia tiene en la salud y los contextos social y económico e impedir que se agrave hasta convertirse en una catástrofe humanitaria y de seguridad alimentaria prolongada, lo que podría provocar la pérdida de los beneficios del desarrollo ya alcanzados.

Debemos reconocer esta oportunidad para reconstruir mejor, tal como se señala en el informe de políticas (disponible solo en inglés) publicado por el Secretario General de las Naciones Unidas. Nos comprometemos a reunir nuestros conocimientos especializados y nuestra experiencia para brindar apoyo a los países en sus medidas de respuesta a la crisis y esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Necesitamos formular estrategias sostenibles a largo plazo para abordar los desafíos a los que se enfrentan los sectores sanitario y agroalimentario. Debería asignarse prioridad a abordar los desafíos subyacentes relacionados con la seguridad alimentaria y la malnutrición, combatir la pobreza rural, en particular aumentando y mejorando los trabajos en la economía rural, hacer extensiva la protección social a todos, facilitar rutas seguras de migración y promover la formalización de la economía informal.

Debemos repensar el futuro de nuestro entorno y luchar contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente con ambición y urgencia. Solo entonces podremos proteger la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas y garantizar que nuestra “nueva normalidad” sea mejor que la anterior.