El Plan de Desarrollo Integral una propuesta innovadora que aborda las causas estructurales de la migración

El Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México es una propuesta innovadora que busca crear un espacio de desarrollo sostenible estimulando el crecimiento económico, promoviendo el acceso universal a los derechos sociales, impulsando la resiliencia al cambio climático y garantizando los derechos durante todo el ciclo migratorio, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En una ceremonia realizada en Guatemala, que fue encabezada por el Presidente Alejandro Giammattei, la alta funcionaria de las Naciones Unidas presentó el cuarto borrador del Plan, iniciativa a la que los cuatro países han adherido y que busca ser enriquecida en conjunto con miras a lograr un diseño definitivo, determinado por los países involucrados, con el apoyo de la CEPAL y el Sistema de las Naciones Unidas.

Al evento asistieron los cancilleres Pedro Brolo, de Guatemala; Alejandra Hill, de El Salvador; y Marcelo Ebrard, de México. En representación de Honduras estuvo presente el Embajador Mario Alberto Fortín.

Durante su presentación, Alicia Bárcena recordó que el Plan de Desarrollo Integral busca cambiar la narrativa de la migración, ubicando la dignidad de la persona migrante y los derechos humanos en el centro con un enfoque de seguridad humana y adoptando un enfoque de ciclo migratorio: origen, tránsito, destino y retorno.

Agregó que la propuesta explora sinergias regionales y abordajes desde la integración, releva y amplía lo que los Estados ya hacen bien con sus recursos y fortalece capacidades públicas.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL subrayó que la iniciativa contempla 22 programas temáticos y 108 proyectos listos para poner en marcha, que involucran una inversión de 25.000 millones de dólares en 5 años.

La propuesta está ordenada en cuatro ejes temáticos: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio.

La máxima representante de la CEPAL recordó que El Salvador, Honduras, Guatemala y los 9 estados del Sur-sureste de México constituyen un mercado de 60 millones de personas, con acceso a ambos océanos y una situación geográfica privilegiada, alta biodiversidad natural y diversidad cultural, de vocación integracionista y que cuenta con una población joven y capacidades productivas en espera de ser desarrolladas.

Finalmente, reiteró su invitación a participar en una conferencia de donantes para el Plan de Desarrollo Integral, que se realizará la primera semana de marzo en Ciudad de México.

El Plan de Desarrollo Integral deriva del mandato que la CEPAL recibió el 1 de diciembre de 2018 de parte de los Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, de elaborar un plan con el propósito de formular un diagnóstico y presentar recomendaciones para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo y generar una nueva mirada sobre la complejidad de los procesos migratorios.

El documento estratégico es fruto de la colaboración de 16 agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas que operan en América Latina y el Caribe.

En su diagnóstico, el Plan indica que los motivos y causas estructurales de la migración que sufren actualmente estos países son: un crecimiento económico insuficiente con pobreza y desigualdad, donde el 10% de mayor ingreso obtiene hasta 70 veces más que el 10% más pobre; el alto crecimiento demográfico en ciudades y gran rezago rural; fenómenos naturales como sequías e inundaciones; violencia o inseguridad en los lugares de origen; y la gran diferencia salarial que existe con Estados Unidos, país que se ha convertido en el destino de la mayoría de las personas migrantes.

Algunas de las 30 recomendaciones específicas incluidas en el Plan de Desarrollo Integral contemplan una fiscalidad progresiva, para priorizar inversión pública y eliminar privilegios fiscales, así como un fortalecimiento de la administración tributaria; elevar la inversión total a una meta del 25% del PIB; potenciar las remesas para que sean motores de inclusión productiva y desarrollo local; mayor integración y facilitación del comercio, con énfasis en energía, logística, infraestructura y digitalización regional.