En Latinoamérica la inclusión empieza con la vivienda de calidad

La pandemia de COVID-19 (coronavirus) ha agravado las desigualdades existentes y golpeado especialmente a las minorías y los grupos vulnerables.

En América Latina, al igual que en el resto del mundo, las comunidades de ascendencia africana, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y otras minorías están sufriendo tasas de infección y mortalidad desproporcionadamente altas. Son estos grupos poblacionales los que están más expuestos a sufrir desalojos y quedarse sin vivienda como resultado de la crisis. Asimismo, la situación de hacinamiento ha provocado también que la violencia sexual y de género “doméstica” se haya salido de control.

El área principal en la que ocurren estas tragedias es la vivienda precaria.

Durante décadas, los Gobiernos se han comprometido con políticas de vivienda “inclusivas” bajo el precepto de que “todas las personas importan”. No obstante, la COVID-19 ha puesto en evidencia que las políticas de vivienda tienen una deuda pendiente con las comunidades más vulnerables :

1. Afrodescendientes y pueblos indígenas. En la mayoría de Sudamérica, los afrodescendientes tienen el doble de probabilidades de vivir en barrios marginales que sus vecinos. Las familias indígenas que habitan en zonas urbanas tienen un 90 % más de probabilidades de carecer de acceso a una vivienda adecuada y un 75 % más de probabilidades de no acceder a agua potable que otros residentes urbanos. Hoy, las mayores tasas de mortalidad y de infección relacionadas con la COVID-19 no deberían sorprender dado que estas comunidades tienden a carecer de la capacidad de protegerse eficazmente contra el virus.
2. Los migrantes. Incluso antes de la COVID-19, la mayoría de los trabajadores migrantes vivía en casas inapropiadas y en barrios marginales urbanos que pueden actuar como aceleradores de los contagios. En Costa Rica, se estima que más del 40 % de los habitantes de barrios marginales son migrantes. En Perú, el 57 % de los migrantes venezolanos vive en condiciones de hacinamiento. Desde el comienzo de la pandemia esta situación ha empeorado. Una evaluación preliminar de marzo 2020 indicaba que en Perú, Ecuador y Colombia, siete de cada 10 migrantes han experimentado una disminución de sus ingresos, y poco más de la mitad de los migrantes venezolanos informaron que podían lavarse las manos con jabón para contener la propagación del virus. Un año después, al menos 40 % de los venezolanos refugiados y migrantes habían sido desalojados durante la pandemia y un 38% más estaba en riesgo de perder su hogar en su país de acogida. La mayoría, no había recibido ninguna ayuda gubernamental.
3. Las víctimas de la violencia de género. Para muchas mujeres, la vivienda no es un lugar seguro. Una de cada tres mujeres latinoamericanas se ve afectada por la violencia de género. Desde que se implementaron las órdenes de confinamiento, las denuncias sobre este problema se han disparado, debido en gran parte al estrés causado por el hacinamiento y otras ansiedades derivadas de la pandemia. En Colombia, las llamadas a la línea de ayuda contra la violencia de género han aumentado en un 91 %. En México, los feminicidios subieron un 37 % en comparación con el año anterior.
4. Las personas LGBTI representan entre el 20 % y el 40 % de las poblaciones sin techo en el mundo. El abuso sexual y físico y el rechazo de la familia hace que muchas personas LGBTI, especialmente jóvenes, abandonen sus hogares. Cuando las economías familiares se ven afectadas y las estructuras de apoyo no familiares desaparecen debido a los confinamientos, las personas LGBTI corren un riesgo aún mayor. Con el aumento de los desalojos en todas partes, las personas LGBTI también tienen más probabilidades de ser rechazadas en los refugios para personas sin hogar que otras que buscan mantenerse fuera de las calles. Aquellos que se ven obligados a vivir en la informalidad se enfrentan al acoso, los desalojos y las alzas de los precios por parte de los arrendadores.

Ante el gran sufrimiento, muchos gobiernos han adoptado una serie de medidas de protección para los arrendatarios y las personas que tienen hipotecas, que eran impensables antes de la pandemia .

Los gobiernos han reutilizado hoteles y albergues juveniles como refugios para personas sin hogar y se han comprometido a proporcionar servicios de agua y saneamiento a los asentamientos informales. En Argentina, el gobierno extendió las moratorias de desalojo y otras protecciones para arrendatarios y propietarios. En Chile, se ha proporcionado subsidios de alquiler para aliviar el hacinamiento. Colombia recientemente aprobó el CONPES 4027 que mejorará la calidad de las viviendas y el espacio público para los hogares vulnerables, incluidos los migrantes venezolanos, a través de un crédito con el Banco Mundial (Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia).  

Dada la urgencia de proporcionar una vivienda segura a las personas sobrevivientes de violencia de género, la Ciudad de México anunció una iniciativa para obligar a los autores de actos de violencia a abandonar sus casas y asumir todas las responsabilidades económicas asociadas, independientemente de quien sea el propietario de la vivienda. En una región en que las mujeres continúan enfrentando importantes obstáculos para ser dueñas de una vivienda, este es un paso positivo para reforzar proteger y empoderar a las mujeres.

La pandemia ha dejado al descubierto cuánto queda por hacer para cumplir la promesa de la “vivienda inclusiva” en América Latina . La dura realidad es que las políticas de vivienda excluyen con demasiada frecuencia a los más necesitados: los migrantes y desplazados, que suelen carecer de permisos de residencia; las familias pobres que viven en barrios marginales, y las familias que carecen de títulos de propiedad.

La mayoría de las personas que viven en situación de pobreza son arrendatarios y no son solventes y, sin embargo, la asistencia para la vivienda tiende a estar dirigida a los propietarios de viviendas o a aquellos que pueden acceder a un préstamo hipotecario, excluyendo así a todas las familias que dependen de ingresos bajos, irregulares e informales.

Ha sido necesaria una pandemia mundial para aclarar que la vivienda precaria puede ser una cuestión de vida o muerte . En el transcurso de unos pocos meses, muchos gobiernos han comenzado a diseñar lo que podría convertirse en el futuro en políticas de vivienda verdaderamente inclusivas en la región. Para el mundo posterior a la COVID-19, debemos asegurarnos de que se aprendan estas lecciones y que el derecho a una vivienda adecuada para todos no siga siendo un ideal imposible, sino un objetivo alcanzable para todos .