Instan a la construcción de nuevos pactos políticos y sociales que promuevan la participación ciudadana

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, reafirmó hoy la necesidad de construir nuevos pactos políticos y sociales que promuevan la participación ciudadana con miras a una recuperación sostenible y con igualdad.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas fue una de las principales oradoras del evento Hacia una nueva América Latina y el Caribe en la pospandemia: Propuestas desde la sociedad civil frente a la crisis, organizado por la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC), en el que instó a concretar una recuperación transformadora con énfasis en la inversión para la igualdad y la sostenibilidad.

“América Latina y el Caribe debería contar con políticas de recuperación en un contexto que desafía la ortodoxia. ¿Por qué nuestros gobiernos siguen en la ortodoxia cuando el mundo se está moviendo hacia la heterodoxia? Tenemos que fortalecer el rol del Estado y de la política pública, sostener políticas fiscales y monetarias expansivas, no solo a través de transferencias, sino que potenciar la inversión. Avanzar hacia la recaudación progresiva, robustecer los sistemas de protección social, reestructurar los sistemas de educación y salud e impulsar políticas transversales, industriales sectoriales y de género para un nuevo modelo de desarrollo”, subrayó Alicia Bárcena.

El evento fue inaugurado por Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Participaron Clara López, exministra del Trabajo de Colombia; Cecilia López, exministra de Agricultura y Desarrollo Rural de ese país; Luis Jorge Garay, economista e investigador social, además de líderes sociales de la región.

Durante su intervención, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL subrayó que la región enfrenta hoy una paradoja porque, si bien crecerá 5,2% en 2021, persiste el problema de la deuda y el menor espacio fiscal, la pobreza afecta a 209 millones de personas y la pobreza extrema a 82 millones, y la informalidad y el desempleo no se recuperan.

Añadió que en la región las desigualdades en el mundo laboral se siguen reproduciendo: “persisten graves desigualdades en materia de género, etnia, raza y acceso a educación y salud”, advirtió.

Puntualizó que el impacto de la crisis fue mayor en el empleo femenino, juvenil e informal. La tasa de participación femenina disminuyó del 51% en 2019 al 46,9% en 2020, lo que la ubica en niveles similares a los de 2002. Las mujeres enfrentan mayor informalidad y desigualdad en el mercado del trabajo, afirmó.

Alicia Bárcena alertó además que 167 millones de estudiantes de la región perdieron un año de escolaridad presencial con impacto en su aprendizaje, mientras que 3,1 millones de jóvenes, niñas y niños están en riesgo de abandono escolar. Hay 5 años de retroceso en la reducción de la tasa de fecundidad adolescente y aumento de la violencia de género y la exposición al trabajo infantil.

Precisó también que, en 2021, sin continuidad de transferencias de emergencia, habrá 15 millones más de personas en pobreza extrema.

“La pandemia evidenció las brechas estructurales en salud y protección social, y provocó la crisis de los bienes públicos globales, regionales y nacionales. Estamos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar de repensar el modelo de desarrollo y la infraestructura de la vida y movernos hacia un sistema universal de salud, de pensiones, de empleo”, afirmó.

La alta funcionaria advirtió que la región se enfrenta hoy a cuatro grandes desafíos: la agudización de las asimetrías globales, un crecimiento insostenible, el aumento de la desigualdad y mantener las medidas fiscales que amortiguaron los impactos sociales de la pandemia.

Recordó que América Latina y el Caribe es la región más impactada por el COVID-19 del mundo en desarrollo.

“Tenemos 8,4% de la población mundial y, sin embargo, casi 33% de muertes a nivel global, con un acceso absolutamente desigual a las vacunas y los servicios de salud. Estamos enfrentando una gran incertidumbre, con restricciones intermitentes a la movilidad”, afirmó.

Alicia Bárcena señaló que los planes de recuperación que están llevando adelante los países desarrollados son ejemplo de las asimetrías globales que se han visto agudizadas por la pandemia. Sin embargo, la diferencia en el acceso a las vacunas es la asimetría más dolorosa, subrayó.

Puntualizó que Estados Unidos y Canadá poseen el 49,3% de su población con esquema de vacunación completo, y la Unión Europea está en 44,6%. En contraste, en América del Sur esta cifra alcanza al 17,2% de la población, en Centroamérica al 7,4% y en el Caribe al 10%.

Asimismo, las adquisiciones en algunos países superan sus necesidades de vacunación. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón concentran el 43,9% de los compromisos de compra, con solo el 12,9% de la población mundial, recalcó.

Atendiendo a esta realidad, la CEPAL, a solicitud de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC), está desarrollando el Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria para fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en especial vacunas, en los países de la región y reducir la dependencia externa.

Durante su exposición, la máxima representante de la CEPAL alertó también sobre el persistente deterioro ecológico global, así como el retroceso de las políticas ambientales en el marco de la pandemia.

En ese sentido, subrayó la urgencia de retomar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en el tema del cambio climático y recordó que la región genera 8,3% de las emisiones a nivel global, pero es altamente vulnerable a su impacto. Advirtió además que más del 80% de la población del Caribe vive por debajo de 5 metros bajo el nivel del mar e instó a la creación de un fondo de resiliencia que atienda las necesidades de esa región.

Finalmente, recalcó que la senda insostenible se agudiza a pesar de las declaraciones políticas y precisó que las 50 economías más grandes del mundo anunciaron medidas fiscales por 14,6 mil millones de dólares en 2020, de los cuales solo 341 mil millones de dólares (2,5%) son para recuperación verde.