Invertir más y mejor para lograr una infraestructura sostenible e inclusiva
En las últimas décadas, América Latina y el Caribe (ALC) ha invertido mucho menos que otras zonas en desarrollo. En promedio, sólo el 1,8% del PIB de la región se destinó a la infraestructura entre 2010 y 2020. Para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acelerar la transición energética verde y descarbonizar el transporte, los países de ALC deben invertir más y mejor.
Los efectos de esta falta de inversión son evidentes: más de 300 millones de personas carecen de acceso a agua potable y saneamiento; 17 millones no tienen acceso a electricidad; y el 40% de las aguas residuales de las ciudades sin tratar se vierten al medio ambiente. Desde una perspectiva del transporte, cinco de cada diez ciudades más congestionadas se encuentran en ALC. Además, la región se enfrenta a sequías e inundaciones más frecuentes e intensas debido al cambio climático. Las comunidades vulnerables y de bajos ingresos se llevan la peor parte de estas circunstancias; el 50% de los hogares más pobres gasta el 14% de sus ingresos en agua, energía y transporte público, un 30% más que en otras regiones en desarrollo.
Invertir más en la infraestructura tiene varias ventajas. Un reciente informe del BID sugiere que aumentar la inversión al 3,12% del PIB en 10 años permitiría a la región cumplir la mayoría de los ODS. La ampliación de las redes de agua, saneamiento y electricidad mejoraría los índices de accesibilidad, sobre todo para la población rural. Destinar fondos a energías limpias y transporte eléctrico reduciría tanto la contaminación atmosférica como la congestión en las ciudades. Unas infraestructuras más resistentes y eficientes energéticamente podrían resistir mejor las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático.
En la mayoría de los países, el sector público no puede permitirse todos estos gastos. Existe un enorme potencial de financiación por parte de los agentes privados. Los inversores institucionales de la región, sobre todo pensiones, fondos de inversión y compañías de seguros, manejan activos por un valor de 1,5 billones de dólares (cerca del 30% del PIB regional), pero invierten menos del 1,1% del total en infraestructura. Se necesitan reformas jurídicas e institucionales que fomenten la transparencia y la integridad para permitir la inversión privada. Estas medidas también deben prevenir los comportamientos ilegales para proteger los intereses del público.
No basta con invertir más; también hay que invertir mejor. La región necesita nuevas instituciones, organismos reguladores, ministerios, comisiones, procesos e instrumentos para garantizar que los servicios satisfagan la creciente demanda de forma eficaz, asequible y equitativa. Dada la urgencia de abordar estos retos, la región necesita diversas fuentes de financiación, instrumentos y nuevos actores, incluidos los bonos verdes, la financiación climática, la cadena de bloques y la trazabilidad de los activos. Para desbloquear las oportunidades de crecimiento económico, desarrollo e inclusión, la región debe realizar esfuerzos concertados para mejorar su ecosistema digital.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya apoya los esfuerzos de los países para desarrollar infraestructuras resilientes, inclusivas y eficientes. El Sector de Infraestructura y Energía (INE) ofrece formación continua y apoyo en el diseño de proyectos y reformas sectoriales que contribuyan a cerrar brechas en energía, transporte, agua saneamiento y residuos sólidos.
Algunos programas recientes sobresalen por su impacto. En Honduras, un préstamo del BID facilitó un aumento exponencial del intercambio de electricidad de casi 20 veces entre Guatemala y Honduras a través del Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central SIEPAC. Un programa de inversión en la ciudad de Santiago (República Dominicana) aumentó el acceso al agua potable para el 47% de los hogares. Otro programa en Sao Paulo (Brasil) dio como resultado una disminución del 37% en los costos de los accidentes mortales. Varios proyectos apuntan la inclusión, el género y la innovación en Paraguay, Uruguay y Chile. El INE también lanzó la iniciativa “Integridad y Transparencia en la Infraestructura” con varios socios para luchar contra la corrupción de las operaciones y la mayoría de nuestros proyectos financiados habilitaron soluciones digitales.
Una región más integrada será competitiva y resiliente. Para alcanzar estos objetivos, la región debe invertir más y mejor, mejorar su marco de gobernanza y trabajar con herramientas y agentes nuevos. El BID seguirá apoyando los esfuerzos actuales y futuros para mejorar la vida en América Latina y el Caribe.
