Latinoamérica, la región más violenta y represiva del mundo

El informe de Amnistía Internacional desvela que al menos 210 personas murieron de forma violenta durante las protestas del año pasado que se extendieron por toda la región

América Latina es la región del planeta donde se más se vulneran los derechos humanos. La ecuación ‘más protestas, más violaciones’ creció sin parar durante 2019, con el añadido de que quienes son los encargados de vigilar y denunciar son perseguidos con mayor fiereza por los poderes. El continente más violento, más represivo y también el más mortífero para activistas y periodistas, una mezcla trágica que ha echado por tierra aquella leyenda de los avances continentales en la lucha por los derechos humanos. A las ‘décadas perdidas’ todavía no las ha encontrado nadie.

Así lo confirma el informe de Amnistía Internacional (AI), que será presentado en Ciudad de México y que desvela que al menos 210 personas murieron de forma violenta durante las protestas del año pasado, que como si fuera un coronavirus político se extendieron por toda la región. A la cabeza, Haití, con 83 fallecidos, seguido por Venezuela (47), Bolivia (35), Chile (31), Ecuador (8) y Honduras (6).

“Lo más preocupante de esta radiografía es que América Latina sigue siendo la región más violenta, con más homicidios, con más feminicidios, la más corrupta, con mayor impunidad y la más desigual, donde la riqueza se concentra en manos de los más poderosos, que además cuentan con la protección de los estados. El hartazgo contra todos estos factores ha provocado un estallido social, con manifestaciones multitudinarias encabezadas por jóvenes y mujeres. La respuesta de los estados ha sido represiva y brutal”, subraya Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

El periplo durante 2019 de esta defensora de los derechos humanos confirma la marcha atrás de los estados. Durante las protestas de Chile, el Gobierno de Sebastián Piñera la acusó de pertenecer a una organización de izquierdas e insinuó que estarían financiados por Nicolás Maduro. En paralelo, el Gobierno de Caracas la señaló como una de sus principales enemigas a combatir, por ser agente de la CIA y militante de la extrema derecha.

La radiografía realizada por AI confirma con sus estadísticas el deterioro continental, comenzando por Haití y su pulso callejero contra el presidente Jovenel Moïse, con la consiguiente respuesta desmedida de las fuerzas policiales. Precisamente estos agentes, entrenados durante años por la Misión de Naciones Unidas, han protagonizado un carnaval sangriento al enfrentarse con militares en demanda de subidas salariales.

VENEZUELA, LÍDER MUNDIAL DE HOMICIDIOS
La revolución bolivariana, “especialmente severa”, dio varios pasos más allá al perfeccionar su plan de terror para reprimir el desafío democrático encabezado por Juan Guaidó. “Las fuerzas de seguridad cometieron, según AI, “crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

Estadísticas violentas que desde la llegada del chavismo al poder hace 21 años ha encabezado una y otra vez. En 2019, el país criollo lideró de nuevo el ránking mundial de homicidios, con 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, seguido por Jamaica (47) y Honduras (41).

En cambio, Chile cerró este ránking sangriento con sólo 2,1 homicidios, pero sorprendió al mundo con unas protestas inesperadas, durante las cuales la policía y el ejército “hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar a la disidencia, mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más”, detalla el informe.

Una violencia que se refracta contra los propios activistas, sobre todo en Colombia, que concentró 106 de los 208 homicidios en Latinoamérica y el Caribe. En total, el 68% de los cometidos en todo el planeta. El Gobierno del país cafetero se ha mostrado incapaz de frenar los asesinatos contra líderes sociales, víctimas del posconflicto, en el que las bandas de narcotráfico, los antiguos paramilitares, los disidentes de las FARC y la guerrilla del ELN se disputan el control de la zonas más calientes de la droga.

RETROCESO IMPARABLE
Los gobiernos no sólo no están preparados para proteger a los activistas y a los periodistas (a diez la muerte les halló en México). También arremeten contra ellos como las dictaduras del siglo pasado. “Venezuela es un caso extremo, un país en el que los defensores reemplazan al propia estado en la protección de la población. Intentan deslegitimarlos y además lo exponen a la violencia”, confirma la directora de AI.

La penúltima embestida sucedió la semana pasada, cuando Diosdado Cabello, militar que líder el sector radical del chavismo, blandió el mazo de su ‘show’ televisivo en contra de varias organizaciones, entre ellas la prestigiosa Provea, a quien acuso de recibir financiamiento de EEUU. La ilegítima Asamblea Constituyente prepara una ley contra las ONG.

Provea no se ha amilanado y ayer mismo insistía en sus denuncias contra las fuerzas especiales de Maduro (FAES), “principal brazo del terrorismo de Estado y líderes de las violaciones a los derechos humanos”. Provea también denunció este mes la muerte por torturas del cabo Wilfredo Heredia, de 20 años, tras sublevarse en la Gran Sabana contra el Gobierno, uno más para sumar en otra lista trágica: sólo en 2019 murieron 23 de las casi 600 personas torturadas en las mazmorras del chavismo.

Otros gobiernos, como Brasil, Nicaragua y Guatemala, ya han legislado contra los defensores de derechos humanos.

El retroceso parece imparable en el continente, que enfrenta retos formidables, como la huida de cinco millones de personas del derrumbe revolucionario de Venezuela y las consiguientes restricciones al derecho de asilo. En México, “Donald Trump ha encontrado su muro soñado sin necesidad de construirlo”, certifica Guevara-Rosas, gracias al apoyo de la administración de Andrés Manuel López-Obrador y de varios gobiernos centroamericanos.