Líderes Latinoamérica hacen propuestas superar crisis laboral post COVID
La pandemia, según la OIT, ha causado la pérdida de horas de trabajo equivalentes a 400 millones de empleos.
Los presidentes de Ecuador, Cuba, Colombia, Panamá, Guatemala y Uruguay participaron en una cumbre virtual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde admitieron los efectos devastadores de la pandemia en sus mercados laborales, pero plantearon soluciones para contrarrestarlos.
Durante la cumbre, organizada por la centenaria organización para debatir el futuro del mercado laboral mundial tras la pandemia del Covid-19, el presidente uruguayo Luis Lacalle destacó que es necesario que “la comunidad internacional, protegiendo su salud, no caiga en el proteccionismo” y promueva nuevas formas de trabajo.
“Es importante que gobiernos y organizaciones internacionales entiendan cuáles pueden ser las consecuencias negativas de esta pandemia, y que el derecho comparado, las buenas prácticas internacionales y la ciencia acompañen a las decisiones de los Estados”, señaló en su discurso por videoconferencia.
Su homólogo colombiano, Iván Duque, agregó que el mayor evento de salud pública vivido por la humanidad en épocas recientes ha venido acompañado de una crisis socioeconómica “que no discrimina entre países grandes y pequeños, nos golpea a todos” y debe ser enfrentada “sin populismos ni demagogia”.
“No podemos caer en un dilema donde se contraponen la defensa de la salud y la vida frente a la de la economía, pues sin salud no tenemos desarrollo, y sin éste no habrá buenos sistemas de salud”, aseguró.
El presidente ecuatoriano Lenin Moreno recordó que cuatro de cada cinco trabajadores en el mundo se han visto afectados por las medidas de confinamiento parcial, y auguró una recuperación económica “difícil y lenta en la que podría surgir otra ‘pandemia’, la del mayor nivel de desempleo de la historia”.
El mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, declaró que los países con economías informales se han visto especialmente afectados por las medidas contra la COVID-19, y en ese sentido su nación, donde un 70 por ciento de los trabajadores tienen este tipo de actividad, también ha sido muy golpeada.
Giammattei recalcó en ese sentido que los programas de respuesta a la población afectada en el país, en los que se asignaron más de US$1,800 millones, tienen entre otros objetivos ayudar a la transición de las pequeñas empresas a la economía formal.
“El reto es enorme, pero debemos tomar las oportunidades que da esta coyuntura para construir un futuro económico y laboral con relaciones laborales productivas que fomenten la justicia social”, subrayó.
