Una mejor infraestructura educativa puede apoyar la recuperación de aprendizajes en América Latina

Una niña de seis años, a quien llamaremos Camila, vive en República Dominicana y, como dos de cada tres niñas y niños latinoamericanos menores de 10 años, aún no ha desarrollado habilidades de lectura simples a pesar de asistir a la escuela el año pasado. Aunque su maestra trata de involucrar a los estudiantes a través de interesantes actividades grupales, Camila no puede concentrarse debido al calor y la falta de ventilación. Las ventanas están selladas para proteger el aula contra robos y el ambiente puede ser sofocante.

Los escritorios están fijados al suelo, lo que no permite a los niños moverlos para crear un círculo y, de esta manera, fomentar la colaboración. La lección de lectura describe los hermosos árboles nativos, pero la altura de las ventanas impide que los niños vean hacia afuera. Lo peor, aunque Camila no lo sabe, es que su aula podría colapsar si hubiera otro terremoto, como el registrado en Puerto Plata en 2003. Para colmo, su escuela estará cerrada entre agosto y octubre, privándola de la oportunidad de aprender. Y no será por la pandemia, sino por las habituales inundaciones durante la temporada de huracanes.

América Latina y el Caribe enfrentan una crisis de aprendizaje, la cual ha sido exacerbada por la pandemia de COVID-19. No sólo hay una necesidad de tener más escuelas para atender al creciente número de estudiantes, sino también hay una necesidad de escuelas mejor construidas que promuevan la recuperación del aprendizaje. En medio de la creciente incidencia de desastres provocados por peligros naturales en la región, la evidencia muestra que la infraestructura escolar puede contribuir a mejorar los resultados educativos.

La infraestructura de buena calidad puede cambiar el entorno de aprendizaje de muchos niños y niñas como Camila, y contribuir a una mayor inclusión, seguridad y prácticas pedagógicas efectivas. Para asegurar que la infraestructura apoye eficazmente el aprendizaje, las autoridades deben tener en cuenta tres conceptos:

Ser inclusiva: garantizando el acceso a los niños más vulnerables debido a su situación económica y/o social, género o discapacidad.
Ser adecuada: garantizando que se cumplan las condiciones básicas de seguridad, como la temperatura, calidad del aire, iluminación e higiene, junto con la resistencia a los choques externos como inundaciones y terremotos.
Ser efectiva: facilitando diferentes prácticas pedagógicas para lograr los objetivos de aprendizaje de habilidades del siglo 21, como la colaboración y el trabajo en equipo, a través de espacios flexibles.
Y hay tres estrategias para avanzar en este camino:

Crear políticas que posicionen la infraestructura como un recurso educativo para acelerar el aprendizaje. El aprendizaje ocurre en todas partes y de diferentes maneras, y las escuelas deben diseñarse para incorporar entornos físicos interdependientes como la topografía, la naturaleza y el clima, para asegurar un aprendizaje óptimo . La infraestructura escolar también debe ser capaz de albergar un sistema de aprendizaje flexible que permita la integración de formas de estudio en persona o a distancia. Cuando los estudiantes tengan acceso a Internet, el aprendizaje será más versátil y el profesor solo podría convertirse en un facilitador en las escuelas virtuales, utilizando herramientas adaptativas.
Recopilar datos para identificar dónde se concentra el riesgo y luego crear planes de inversión basados en un análisis de riesgos que priorice la protección para los más vulnerables contra el cambio climático y otros peligros naturales. Los datos de infraestructura existentes, los indicadores socioeducativos clave, los criterios sociales y ambientales y las estimaciones de brechas ayudan a identificar dónde se concentra el riesgo , la vulnerabilidad de la infraestructura y la exposición de las comunidades a los riesgos de desastres. Estos análisis permiten el desarrollo de planes de inversión escalables enfocados principalmente en los pobres, la exposición a los peligros naturales, el género, el origen étnico o la discapacidad, y ayudan también a medir sus beneficios. Tales planes son también herramientas importantes que pueden emplearse considerando el uso de las energías renovables para mitigar los efectos del cambio climático. Sobre la base de buenos datos y análisis, los gobiernos pueden preparar planes de inversión factibles a mediano y largo plazo para rehabilitar miles de escuelas, priorizando la atención a las comunidades más expuestas.
Colaborar con todas las partes interesadas para garantizar que los edificios escolares estén alineados con la pedagogía tanto en diseño, construcción como mantenimiento. Las inversiones en infraestructura escolar nueva y existente deben estar reguladas por estándares arquitectónicos adaptados al contexto local y alineados con las prácticas pedagógicas . La definición de la normativa debe ser el resultado de un esfuerzo colectivo en el que participan equipos educativos y arquitectos para asegurar que los diseños, el currículo y las prácticas pedagógicas van de la mano. Un buen enfoque es el uso de modelos de referencia que se puedan adaptar a cada centro, involucrando al profesorado y a la comunidad educativa. La participación también es fundamental para la seguridad: los maestros, los estudiantes y la comunidad saben dónde se encuentran los lugares peligrosos y pueden resultar de gran ayuda.
Al adoptar estas ideas, los países pueden convertir la infraestructura escolar en una herramienta poderosa para mejorar los resultados de los estudiantes , haciendo posible que todos los niños y niñas de América Latina, como Camila, no sólo asistan a la escuela, sino que realmente aprendan.